El PSOE de Palma denuncia la falta de control en las viviendas de precio limitado
“El Ayuntamiento cede y los promotores deciden, no son pisos para la gente trabajadora que realmente lo necesita”, denuncian
Palma
El PSOE de Palma ha denunciado este jueves la falta de control público en la adjudicación de viviendas de precio limitado impulsadas por el Ayuntamiento y ha criticado que sean los promotores privados quienes decidan los beneficiarios tras la cesión de suelo público.
El secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela, ha alertado de que este modelo puede derivar en situaciones como las registradas en ciudades como Alicante o Málaga, donde, según ha señalado, se han producido adjudicaciones de vivienda protegida a personas con altos ingresos o vinculadas a cargos públicos.
Negueruela ha afirmado que el consistorio ha cedido suelo público a empresas privadas por un periodo de 75 años sin establecer mecanismos de control sobre los adjudicatarios, lo que, a su juicio, deja en manos de los promotores la decisión sobre quién accede a estas viviendas.
“El Ayuntamiento cede y los promotores deciden, no son pisos para la gente trabajadora que realmente lo necesita”, ha aseverado, al tiempo que ha criticado la ausencia de requisitos de renta y de verificación de las condiciones de acceso.
El dirigente socialista ha advertido de que, sin estos controles, existe el riesgo de que las viviendas no cumplan su función social y acaben siendo ocupadas por perfiles alejados de los colectivos con mayores dificultades de acceso a la vivienda.
Asimismo, ha recordado casos recientes en otras ciudades, como el de Alicante, donde se investigó la adjudicación de viviendas protegidas a cargos del Partido Popular y su entorno, o el de Málaga, donde, según ha indicado, se han detectado adjudicaciones a personas con ingresos superiores a los 4.000 euros mensuales.
En el caso de Palma, Negueruela ha cifrado en cerca de 170 millones de euros el beneficio neto que obtendrían las empresas privadas adjudicatarias de estos proyectos.
Por ello, el PSOE ha exigido que se introduzcan mecanismos de control y transparencia, que se modifique la normativa y que sea la Administración la que determine los criterios de adjudicación.
En este sentido, los socialistas han planteado alternativas como la cesión del suelo al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) para garantizar una gestión pública de las viviendas y asegurar que se destinen a las personas con mayores necesidades.
