Baleares llevará al Supremo el decreto de regularización de migrantes y pedirá su suspensión cautelar

Palma

El Govern recurrirá ante el Tribunal Supremo (TS) y pedirá la suspensión cautelar del real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros para poner en marcha el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes en situación administrativa irregular.

Fuentes de la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local han confirmado la impugnación del procedimiento después de que la pasada semana, el portavoz del Govern, Antoni Costa, no anticipara todavía si Baleares seguiría los pasos de la Comunidad de Madrid, que ya anunció la oposición por la vía de los tribunales.

En aquel momento, Costa recordó que ya hay un proceso ordinario de regularización que cuenta con todas las garantías que, a su juicio, no ofrece el proceso que arranca esta semana.

Las mismas fuentes han señalado que el Ejecutivo está a la espera de la publicación del texto en el BOE para conocer la redacción final, momento en que la Abogacía de la Comunidad lo estudiará para valorar las vías a seguir.

La consellera del ramo, Antònia Maria Estarellas, ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación que, previsiblemente, el recurso se presentará ante el Tribunal Supremo, al que también se solicitará que suspenda la medida de forma cautelar.

"Me gustaría que fuese una llamada de atención hacia el Gobierno de Pedro Sánchez. En nuestro día a día vemos las consecuencias de unas decisiones que muchas veces parecen más una cortina de humo que una reflexión bien hecha", ha dicho en los pasillos del Parlament.

La consellera de Presidencia no ha detallado si en el Consell de Govern de este viernes se autorizará a la Abogacía a presentar el recurso o si por el contrario se esperará a la semana que viene. "No hace falta correr", ha subrayado.

Más de 30 mil beneficiados

Estarellas, tras consultar a diferentes consulados, ha estimado en al menos 30.000 los potenciales beneficiados por la regularización extraordinaria solo en Baleares. De estos, ha apuntado, unos 6.000 serían de nacionales de Marruecos.

Estas cifras, ha incidido, son tan solo una aproximación a un fenómeno que, ha defendido, es "imposible" conocer al detalle al tratarse de personas que están en situación irregular.

Preguntada acerca de la cifra otorgada hace unos meses por la Delegación del Gobierno, de 10.800 potenciales beneficiarios, ha considerado que no se ajustan a la realidad.

"El Gobierno no lo sabe. Y como no sabemos de qué número estamos hablando, tampoco es verdad que no haya coste para las comunidades o que no haya un efecto llamada. Esta medida no es buena para Baleares", ha zanjado.