"Hay auténticas mafias que alquilan edificios vacíos que no son suyos"

Santa Cruz de Tenerife

Pobreza, sinhogarismo, alquileres prohibitivos... La vivienda se ha convertido en uno de los grandes problemas sin resolver de Canarias, especialmente para la población vulnerable en una comunidad autónoma acostumbrada a romper cualquier índice de precariedad. No es novedosa la falta de parque público en el Archipiélago. De ahí que el Gobierno haya aprobado recientemente el Plan de Vivienda 2020-2025, que contempla más de 88.000 actuaciones.

Pero mientras el ejecutivo trata de aumentar la oferta en un mercado inmobiliario saturado en el que conviven el alquiler tradicional y vacacional, las entidades sociales advierten del crecimiento disparado de la exclusión residencial. En el caso de Tenerife, más de 1.800 personas se encuentran en esta situación según los últimos estudios de Cáritas. En muchos casos, la única alternativa pasa por ocupar viviendas vacías. Es ahí donde comienza el entramado de la especulación y la picaresca.

En los micrófonos de la SER, la diputada del PSOE Teresa Cruz Oval ha denunciado tener constancia de que existen "auténticas mafias, personas que detectan un edificio vacío y lo alquilan a un precio módico. Están alquilando un piso que no es suyo". Esta estrategia deriva, directamente, en la condición de "okupas" de las personas que aceptan la oferta. Sin, embargo, la socialista explica que la trama no termina ahí: "Condenan a las familias a que hagan una inversión en placas fotovoltaicas o depósitos para tener agua. Luego surge una empresa, que es la que ha montado las placas, que adquiere el edificio. Hay una trama y habrá que destaparla".

No es la única arista que entraña la vulnerabilidad residencial. Al surgimiento de mafias de ocupación hay que contraponer las controvertidas empresas de desocupación. Según el secretario general de Cáritas en Tenerife, Ricardo Iglesias, las medidas de presión contra personas que acceden a casas que no son suyas también forman parte de la realidad del Archipiélago.

Es algo que la entidad social ha podido constatar en las Unidades Móviles de Atención en Calle de la entidad social. "Desde personas que están en una situación muy complicada y a las que se da una cantidad de dinero muy pequeña para que se vayan, y claramente la cogen; hasta familias que están ocupando una vivienda porque no tienen alternativa y los dueños ponen a una empresa o a varias personas en las puertas para que, cuando salgan, no vuelvan a entrar", ha señalado Iglesias.

Sobre la falta de viviendas públicas que faciliten el acceso al alquiler social, el secretario general se pregunta: "¿Hay techo sobre el que cubrirse? ¿Cuántas viviendas vacías hay en Canarias? ¿Cuántas se están utilizando?".

Guardias contra el desalojo en Granadilla

El debate ha surgido a raíz de la ocupación por parte de 48 familias, más de un centenar de personas entre los que se encuentran unos 40 niños, de un edificio en el municipio de Granadilla. Allí, en San Isidro, la Asociación de Inquilinas de Tenerife ha decidido iniciar guardias para evitar el desalojo que pretende forzar la controvertida empresa "Desokupas".

Su portavoz, Yohana Rodríguez, exige al propietario de las viviendas que respete los procesos judiciales ya abiertos y denuncia el matiz violento que han vivido en los últimos días. "Estamos en tensión. Han venido cuatro matones con seguratas a sacar gente. Estaban asustados. Solo ver a los niños corriendo a buscar madera para defender sus casas es algo terrible", ha señalado.

Hace cinco días que, según la asociación, la empresa procedió a cortar el agua y la luz a estas familias. Asimismo, aseguran que han vetado el suministro de agua mediante cubas. "Ellos saben que esas viviendas no son de ellos. Tienen juicios y saben que tarde o temprano se tendrán que ir, pero estas no son las formas", concluye.

Esta redacción ha consultado a las distintas administraciones públicas con competencias en el caso. Mientras que el Ayuntamiento de Granadilla asegura estar colaborando con el Instituto Canario de la Vivienda en el análisis pormenorizado de cada familia para dilucidar cuáles son vulnerables, la consejería de Derechos Sociales estudia poner en marcha un convenio para buscar una alternativa habitacional.