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Las viviendas de Valterra, más cerca de sus propietarios

Una disposición de la nueva Ley de Vivienda concede la titularidad de las casas al Cabildo de Lanzarote que, “de inmediato, iniciará los trámites para que pasen a ser de quienes han sido sus legítimos propietarios durante casi setenta años”

El portavoz de los propietarios de las viviendas, Antonio Betancort, junto a la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, y el senador por Lanzarote, Manuel Fajardo, en el Congreso de los Diputados. / Cadena SER

El portavoz de los propietarios de las viviendas, Antonio Betancort, junto a la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores  Corujo, y el senador por Lanzarote, Manuel Fajardo, en el Congreso de los Diputados.

Arrecife

Una disposición de la nueva Ley de Vivienda concede la titularidad de las casas al Cabildo que, “de inmediato, iniciará los trámites para que pasen a ser de quienes han sido sus legítimos propietarios durante casi setenta

La presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, ha dado a conocer la aprobación en el día de hoy de una norma que permitirá que el Cabildo de Lanzarote, como nuevo titular de las viviendas de Valterra, otorgue las escrituras de propiedad de las mismas en favor de sus legítimos propietarios durante casi setenta años.

Tal y como explicó la presidenta, con la aprobación de esta cesión al Cabildo se pone fin a años de inseguridad para setenta familias que durante demasiado tiempo han temido por la propiedad de su vivienda.

Con motivo de la aprobación de esta cesión, el senador por la isla de Lanzarote, Manuel Fajardo Palarea, la presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo, y el consejero de Obras Públicas, Alfredo Mendoza, se han trasladado al Congreso de los Diputados, en compañía de una representación de los vecinos afectados, para asistir a la aprobación de la solución definitiva a la problemática derivada de la titularidad de las viviendas del barrio arrecifeño de Valterra.

Lo que toca ahora

Tras la cesión de las viviendas de Valterra al Cabildo, la primera institución insular pondrá en marcha el procedimiento necesario para identificar a los legítimos propietarios de cada una de las viviendas y proceder a otorgar las correspondientes escrituras de propiedad.

En este sentido, Corujo ha adelantado que la Primera Institución insular “pondrá todos sus recursos al servicio de los afectados y creará una oficina de asesoramiento específica para ayudar a resolver las dudas que puedan surgir a las y los propietarios durante la tramitación definitiva de unos procedimientos que van a hacer justicia, por fin, con estas personas”.

La presidenta ha explicado que se trata de un procedimiento con una cierta complejidad y precisamente por eso el Instituto Social de la Marina exigía la participación de una entidad local para poder poner fin a esta injusta situación.

Corujo ha recordado que, Inicialmente, se había optado por un convenio entre el Instituto Social de la Marina y el Ayuntamiento de Arrecife, llegando a suscribirse un compromiso previo por parte de la anterior alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta pero ese acuerdo se quebró con la llegada de Astrid Pérez a la Alcaldía de Arrecife, ante su negativa a hacerse cargo de las viviendas.

Ante este bloqueo injustificado, fue la presidenta la que propuso que el Cabildo se hiciera cargo de estas gestiones encargándose el senador por Lanzarote de cerrar un acuerdo con el Instituto Social de la Marina que ha dado lugar a la solución ahora adoptada.

Así, la nueva Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria contiene una disposición adicional que concede la titularidad de estas casas al Cabildo de Lanzarote que, “de inmediato, iniciará los trámites para que pasen a ser oficialmente de quienes son y han sido, de facto, sus legítimos propietarios durante las últimas siete décadas”, ha explicado la presidenta.

“Compromiso adquirido”

“El Partido Socialista ha dado una solución real al compromiso adquirido con los vecinos y vecinas de Valterra” ha declarado el senador por Lanzarote, Manuel Fajardo, que recuerda una reunión celebrada con los afectados en abril de 2019, acompañado de la ahora diputada, Ariuagona González. El senador ha querido agradecer la “predisposición y la colaboración” prestadas por el Instituto Social de la Marina y el Cabildo de Lanzarote. “Teníamos claro que debíamos trabajar con quienes quisieran contribuir a poner punto y final a una situación sangrante provocada por la dejadez, la inacción y el desinterés del Ayuntamiento de Arrecife, que ha dejado absolutamente desprotegidas a decenas de familias en situación de especial vulnerabilidad”.

En la misma línea se ha expresado la presidenta de la Primera Institución insular, María Dolores Corujo, presente también en aquel encuentro con los vecinos de Valterra. “No soy capaz de imaginar lo felices que deben sentirse tras décadas de miedo e incertidumbre”. Corujo ha explicado que “a pesar de que no ha sido un proceso sencillo, el nuevo marco normativo y el trabajo riguroso del senador y del Cabildo han permitido hallar una solución a una problemática que ha afectado a familias que fueron abandonadas a su suerte por el Ayuntamiento que gobierna Astrid Pérez a quien, a buen seguro, volveremos a ver en unos meses paseando por Valterra para pedir el voto a las mismas personas a las que ha dado la espalda durante estos últimos años”.

Fajardo y Corujo sostuvieron un encuentro a comienzos de la presente semana con los vecinos y vecinas afectados para darles “la buena noticia” e informarles de los pasos a seguir durante el proceso de formalización de la titularidad de sus viviendas.

Igualmente, la diputada y consejera del Cabildo, Ariagona González, ha mostrado su satisfacción: «Es para mí un orgullo y una enorme satisfacción haber sumado mi voto a la aprobación de una norma que pone fin a años de inseguridad para las familias de Valterra».

El origen del pleito

El barrio de Valterra cuenta con un total de 200 viviendas construidas en 1955 por el Instituto Social de la Marina, con la participación de distintas conserveras, para ser destinadas a los trabajadores relacionados con la pesca como viviendas de protección oficial.

Sin embargo, mientras el Estado entregó 130 a los inquilinos, sobre las otras 70 se inició un pleito al reclamar su titularidad las tres conserveras. Así, los vecinos han vivido con el temor a ser desalojados de sus viviendas en cualquier momento y sin poder intervenir sobre ellas al carecer de derechos legales.

 
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