Sobre el coste de la descarbonización en Canarias

Santa Cruz de Tenerife

El presidente Torres y su segundo, Román Rodríguez, se han descolgado al alimón, muy dramáticamente, asegurando que las islas no tienen futuro si Bruselas no acepta que Canarias incumpla el llamado ‘Objetivo 55’ del plan europeo por la descarbonización y contra el cambio climático. El plan plantea una reducción del 55 por ciento de las emisiones contaminantes, de aquí a 2030, en relación con las emisiones registradas en el año 1990. El dramatismo de Torres y Rodríguez pretende llamar la atención sobre el hecho de que un encarecimiento de los combustibles fósiles, afectará al coste del transporte aéreo y por mar, las dos únicas formas de llegar a las islas del turismo y de las mercancías que recibimos.

La preocupación de nuestros dirigentes es razonable: aerolíneas y empresas navieras, tendrán que pagar más por el combustible que usen y además asumir una cuota de combustibles no contaminantes. Para las navieras es más fácil de resolver el problema, al menos si el gas –obligatorio para el tráfico marítimo en toda Europa desde 2025- pasa a ser considerado ‘combustible ecológico’, como resultado de la decisión de la Comisión, que optó en febrero de este año por confirmar la energía nuclear y gas natural dentro de las ‘inversiones verdes’, porque resultan imprescindibles para el paso a energías limpias. Porque es cierto que la energía nuclear –aún siendo peligrosa- no genera contaminación por CO2, y también que el gas produce menos CO2 que los fueles y gasolinas, hasta un 30 por ciento menos.

La estrategia del Gobierno de Canarias es sumar a todas las RUP en la petición de quedar exentas de pagar los costes añadidos que producirá la aplicación de medidas para reducir el CO2 en los transportes. Es una medida sensata, y necesaria para el desarrollo insular, pero debe ir acompañada de compromisos por la reducción de las emisiones de carbono, allí donde se pueda. No podemos seguir pidiendo un trato de favor a la economía isleña en los costes de la descarbonización, cuando al mismo tiempo se bloquean caprichosamente medidas para reducir las emisiones de CO2, como el uso de gas en las centrales de ciclo combinado, sólo por sostener y no enmendar políticas erróneas desde hace treinta años.