El Consultivo detecta una "dinámica contractual irregular" en Sanidad al menos desde 2004
El Consejo Consultivo habla de una "forma habitual de convalidar la contratación de suministros médicos que podría constituir un supuesto fraude de Ley". El organismo tiene constancia de esta dinámica contractual irregular que "invariablemente se repite a pesar de las advertencias de nuestros dictámenes", afirman
Tenerife
Los hospitales del Servicio Canario de la Salud llevan a cabo una "dinámica de contratación irregular" al menos desde el año 2004, según ha dictaminado el Consejo Consultivo de Canarias hace un mes. "Según se desprende de los innumerables expedientes de nulidad que llegan a ser dictaminados por este Consejo Consultivo, habiéndose emitido hasta la fecha más de doscientos dictámenes en asuntos similares a este", explica el organismo en uno de esos dictámenes, firmado por la sección primera el ocho de abril de 2022. A pesar de los constantes avisos del Consultivo, "continuan realizando contrataciones sin seguir las pautas procedimentales legalmente exigidas y tantas veces recordada por este Consejo", añade el organismo.
Los avisos del consultivo describen una práctica sostenida de los hospitales canarios durante años que consiste en comprar suministros a empresas farmacéuticas sin cumplir los requisitos impuestos por la Ley. La propia administración reconoce sus incumplimientos al solicitar al Consejo Consultivo la nulidad de esos contratos, firmados sin seguir los procedimientos y en ocasiones, según advierte el Consultivo, de forma verbal. Aunque los importes no superan los 15.000 euros, -dentro de los límites previstos para los contratos menores-, su fraccionamiento constituye un fraude de Ley según el Consultivo. Estos contratos se ejecutan sin llevar a cabo los trámites perceptivos para una correcta adjudicación y formalización.
Precisamente por eso el Consejo Consultivo interviene, a petición de la propia Consejería, para declarar nulos los contratos y poder así pagar a las empresas suministradoras los importes correspondientes. Esto supone, además, un gasto de dinero público en concepto de indeminización a esas empresa contratadas en fraude de Ley. "El modo de proceder del Servicio Canario de la Salud en todos esos casos, para proveerse de medicamentos y otros materiales sanitarios, es el de dirigirse directamente a las empresas suministradoras solicitándoles la provisión de aquellos, alegando urgencia, sin mediar procedimiento de contratación alguno, ni el de urgencia, pero ni siquiera el de emergencia", critica el Consultivo.
"Puede afirmarse que la descrita utilización podría constituir un supuesto fraude de Ley", advierte el Consejo Consultivo
La propia Consejería de Sanidad reconoce que las adquisiciones de suministros se realizaron prescindiendo de trámite procedimental alguno. "Cuando por razones de una alegada urgencia se decida contratar sin seguir en absoluto el procedimiento legalmente establecido, ya se cuenta con la expectativa de luego revisar de oficio, para así poder convalidar y pagar", advierte el consultivo. Por lo tanto, "desaparece el carácter reactivo e iniciamente imprevisto de la revisión de oficio, para integrarse como trámite intermedio en un procedimiento irregular de contratación", puede leerse en uno de los doscientos dictamentes del Consulto sobre esta práctica.
El Consejo advierte también que Sanidad no está queriendo "eliminar del sistema jurídico actos viciados", sino "convalidar un contrato verbal", "este es el propósito manifestado por la Propuesta de Resolución, en la línea ordenada por las Instrucciones del Servicio Canario de Salud que vienen aplicandose al menos desde 2004, es por ello que puede afirmarse que la descrita utilización podría constituir un supuesto fraude de Ley", añade el dictamen. "A través de los numerosos expedientes sometidos a consulta en los últimos seis años, este Consejo tiene constancia de esta dinámica contractual irregular, que invariablemente se repite a pesar de las advertencias de nuestros dictámenes", dictamnia.
"Ese caracter reiterativo también choca con el imperativo de excepcionalidad utilizando inadecuadamente la revisión de oficio", añade. El dictamen concluye planteando que esta práctica lesiona los derechos del suministrador y también de los derechos de los potenciales contratistas, que no pudieron acceder al procedimiento de contratación "porque no fueron llamados al mismo". "Supone al final validar globalmente un sistema de contratación desconocedor del principio de libre competencia, con grave lesión a los intereses de unos terceros a quienes se privó del derecho a participar en la licitación de una contratación pública.
Javi Rodríguez
(La Palma, 1991) Periodista vinculado a la Cadena SER en Canarias desde el año 2009, apasionado de los...