Santa Cruz de Tenerife

La sanidad canaria deberá afrontar una profunda reestructuración para cumplir con la nueva Ley del Aborto que ha aprobado el ejecutivo central en Consejo de Ministros y que se tramitará por la vía de urgencia en el Congreso de los Diputados con el fin de que entre en vigor a lo largo de 2023 y antes de las próximas elecciones. La norma, muy discutida entre socios de Gobierno y sindicatos, busca garantizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en los hospitales públicos más cercanos a los domicilios de las mujeres. Para ello, se creará un registro de objetores de conciencia muy similar al que contempla la Ley de Eutanasia.

Es algo que ya esbozaba el texto aprobado en 2010 por el ejecutivo de Rodríguez Zapatero, que define que el aborto es libre y gratuito en España hasta la semana 14 de gestación y que "la prestación sanitaria (...) se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma". Sin embargo, el 96% de los abortos practicados en Canarias en 2020 (según los últimos datos del Ministerio de Sanidad) se realizaron en clínicas privadas concertadas.

Según la actual ley, estos casos solo deben ser una minoría: "Si excepcionalmente el servicio público de salud no pudiera facilitar en tiempo la prestación, las autoridades sanitarias reconocerán a la mujer embarazada el derecho a acudir a cualquier centro acreditado en el territorio nacional, con el compromiso escrito de asumir directamente el abono de la prestación". De los 4.784 abortos efectuados en las islas, solo 150 se llevaron a cabo en centros públicos, siendo las clínicas concertadas la opción predilecta a la que derivan las administraciones públicas.

Para la directora en estudios de género y profesora de Trabajo Social de la Universidad de La Laguna Noemí Parra, la posibilidad que se abre ahora de acercar las IVE a cualquier territorio es clave en Canarias para "que la insularidad no sea un problema vinculado a garantizar este derecho". Actualmente, en el Archipiélago hay cuatro clínicas privadas acreditadas para realizar abortos, todas en las islas capitalinas, además de cinco hospitales públicos que acometen esta práctica en Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife. Esto supone que las mujeres residentes en las islas no capitalinas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife tengan que trasladarse forzosamente.

En Canarias, la mayoría de las mujeres (58 por ciento) aborta antes de las 8 primeras semanas de gestación y lo hace a petición propia, siendo su voluntad y decidiendo sobre su cuerpo. Solo el 3,5 por ciento de las IVE que se registraron en las Islas estaban relacionadas con anomalías en el feto o con riesgos para la gestante. Además, la mayoría de las mujeres que abortan en Canarias tienen entre 20 y 34 años (3.176 en 2020). Del total, solo 399 decidieron interrumpir su embarazo teniendo entre 15 y 19 años.

La edad es otro de los elementos que quiere incluir la nueva Ley, que restituye algunos de los derechos suprimidos en 2015 por el Gobierno del Partido Popular. En concreto, se elimina la obligatoriedad de contar con autorización paterna o del tutor legal para las menores de 16 y 17 años que quieran abortar. Se trata de "una deuda" con estas jóvenes según Parra, que apunta a la existencia de una moral sexual en el país: "Se plantea por una cuestión muy básica. Hay un porcentaje de mujeres que están en una situación de especial vulnerabilidad y eso (los consentimientos) puede limitar su acceso al derecho".

Es algo en lo que coincide la subdirectora del Instituto de Estudios de Las Mujeres de la Universidad de La Laguna, Lara Carrascosa que reniega de esta exigencia. "No puede ser que la Ley te imponga tres días de reflexión como si fueras niñas todavía, como si te mandaran al rincón de pensar".

Otra de las modificaciones que quiere introducir la norma es la eliminación de los tres días de reflexión previos a la práctica del aborto que hasta ahora se impone a las mujeres, algo que la profesora califica de "innecesario" y "proteccionista" porque "cuando se pide la prestación ya se ha hecho una reflexión previa". Parra cree que esta medida aprobada en 2010 afecta directamente al "derecho a decidir libremente si quieren o no ser madres".

Los anticonceptivos, un problema en la sociedad canaria

Exactamente la mitad de las mujeres que se sometieron a un aborto en Canarias en 2020 reconoció no usar métodos anticonceptivos. En concreto, 2.415. Esto refleja el severo problema de salud sexual y reproductiva que atraviesa la sociedad del Archipiélago.

Al respecto, Carrascosa apunta a los patrones machistas y patriarcales que siguen presentes en las relaciones sentimentales y sexuales y ejemplifica con una frase, "si me quieres por qué me lo tengo que poner", la conducta de algunos hombres. "Es al revés, si me quieres póntelo. Es una cosa de dos. Muchas veces las mujeres por esa mitología del amor romántico no utilizan métodos anticonceptivos".

La subdirectora concluye que más que un problema de desinformación, "tenemos un problema estructural. Las mujeres, las niñas o las jóvenes, no están totalmente empoderadas".