Canarias quiere dar estabilidad a 22.300 interinos hasta 2024

Santa Cruz de Tenerife

Canarias pretende reducir la temporalidad del personal público, y para ello, quiere dar estabilidad a unos 22.300 interinos que hay en las Islas hasta el año 2024. El portavoz del Ejecutivo regional, Julio Pérez, ha confirmado en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno canario la aprobación de dos ofertas de empleo público extraordinarias de 3.496 plazas. El primero de los decretos incluye la OEP extraordinaria que se refiere el artículo 2.1 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público en el ámbito de la Administración General, que incluye las plazas ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente, al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020.

Esta OEP contempla un total de 255 plazas, 99 corresponden a cuerpos, escalas y especialidades de personal funcionario y 156 a grupos y categorías profesionales de personal laboral. El segundo decreto está dirigido al empleo temporal de larga duración, es decir, a las plazas ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente antes del 1 de enero de 2016, y está integrada por un total de 3.241 plazas, de las que 93 corresponden a cuerpos, escalas y especialidades de personal funcionario y 3.148 a grupos y categorías profesionales de personal laboral.

Con la aprobación de estos dos decretos, el Gobierno de Canarias cumple con el primer plazo establecido en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, que exige que las OEP se aprueben y publiquen en el BOC antes del 1 de junio de 2022, y las respectivas convocatorias antes del 31 de diciembre de 2022, debiendo finalizar los procesos antes del 31 de diciembre de 2024.

El objetivo de esta medida es “la eliminación de la temporalidad abusiva”, una prioridad del Gobierno, pues se trata de “una condición imprescindible para poder abordar otros retos inesperados a los que se enfrenta el actual modelo de administración pública”. En este sentido, es importante establecer criterios que proporcionen seguridad jurídica y procedimientos que den solución al mayor número de empleados y empleadas públicos.

Es un hecho que la sociedad demanda buenas administraciones, eficientes y bien organizadas, equipadas y motivadas, y, para ello, es necesario generar estabilidad y resolver el exceso de temporalidad en el empleo público. Sin solucionar este problema, es muy difícil enfrentarse a otros retos como la digitalización, la regulación del teletrabajo, el establecimiento de una dirección por objetivos, la conciliación de la vida familiar y laboral, mejorar el sistema de movilidad de los empleados y empleadas públicas, su sistema retributivo o su carrera profesional. De ahí que se trate de una prioridad del Gobierno su resolución.