Trujillo relata la 'odisea' de las mascarillas destruidas

Santa Cruz de Tenerife

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, ha comparecido este viernes en comisión parlamentaria y a petición propia para explicar ante los grupos que componen la cámara regional la cronología de la compra fallida de un millón de mascarillas durante los primeros momentos de la pandemia del Covid-19. En concreto, se trató de adquirir cuatro millones de cubrebocas tipo FFP3 que nunca llegaron al Archipiélago y que fueron destruidas por la Agencia Tributaria al no estar homologadas por la Unión Europea.

Se trata de una operación por la que ahora el Servicio Canario de la Salud está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas por los posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. También la empresa automovilística RR7 United SL a quien se encargó la compra está siendo investigada por presunta estafa. Ahora, el ejecutivo regional trata de conseguir la devolución del dinero, habiéndose realizado diez intentos de embargo al deudor, todos infructuosos.

Trujillo ha justificado la adquisición de los cubrebocas a United RR7 aludiendo a la urgencia de conseguir material sanitario que protegiese a los profesionales públcios en un mercado voraz en el que "había todo tipo de ofertas" y en el que "Canarias competía con el resto del mundo". También ha asegurado que las compras en ese momento respondían a la "capacidad logística" de las compañías y no a su naturaleza. Cuestionado por la oposición sobre el porqué el ejecutivo no ha denunciado los hechos ante la justicia, el consejero ha aseverado que "la primera vía que se agota es la administrativa" y ha aseverado que si finalmente no se satisface la deuda o advierten indicios de que no vaya a ser así, pondrán los hechos en conocimiento de los tribunales.

Esta es la cronología del "caso Mascarillas" según la Consejería de Sanidad:

* 25 de mayo de 2020. En un marco de convulsión por el avance de la crisis sanitaria, la empresa RR7 United presenta un modelo de mascarilla por un precio unitario de cuatro euros. En alquel entonces, los precios oscilaban entre los 4,28 y 7,45 euros por unidad. Tras el visto bueno de los servicios de prevención, la dirección de recursos económicos decide contratar con la empresa, encomendándose el suministro el día 25 de mayo.

* Agosto y octubre de 2020. El día 7 de agosto el Gobierno de Canarias abona a la empresa el 50% de la cuantía comprometida con RR7. Sin embargo, según ha explicado Trujillo, el 28 de octubre "la dirección de programas asistenciales hace un informe requiriendo que necesitábamos ese tipo de mascarillas con la máxima urgencia". Fue entonces cuando el proveedor manifestó necesitar el desmbolso total de los cuatro millones de euros porque "incluso se están produciendo subastas por parte de los proveedores a los mejores postores". El 29 de octubre de 2020 se efectúa el pago de los dos millones de euros restantes.

* 15 de enero de 2021. Tras una serie de notificaciones por parte de los recursos económicos a la empresa para que proceda al suministro de las mascarillas y materialice el contrato, el día 15 de enero "se recibe una carta de una de las personas que intermedian con esta empresa en la que pone de manifiesto que no va a poder realizar el suministro en las condiciones pactadas".

* Febrero y mayo de 2021. El día 1 de enero la dirección general de recursos económicos inicia el expediente de resolución del contrato. Dicho expediente concluye el 13 de mayo. Sin embargo, en medio del proceso se produce una comunicación de la empresa con el Servicio Canario de la Salud en el que se señala que el material, procedente de Etiopía, había llegado al Aeropuerto de Gran Canaria. En ese momento técnico de Aduanas pidieron una certificación de las mascarillas y verificaron que no estaban homologadas, procediendo a la destrucción de las mismas. Es en este punto en el que Trujillo ha asegurado que el gobierno se dirigió a la Agencia Tributaria para pedir explicaciones sobre los hechos: "La Agencia Tributaria nos responde que no, que los hechos ya han pasado y que no somos parte de esa situación. Se produce la negativa a facilitarnos la información".

* 29 de junio de 2021. Tras la resolución del contrato y en medio del proceso de solicitud de devolución de los cuatro millones de euros mas los intereses, el 29 de junio la empresa "se dirige a recursos económicos para manifestarle que tienen un producto del mismo nivel que las mascarillas que habían sido objeto de contrato y que estaban en disposición de traérnoslo en un tiempo récord". Los servicios de prevención volvieron a dar su visto bueno a los cubrebocas. "A la empresa se le envía una resolución para que en una semana proceda a la entrega de ese material con la condición de que tenía que enviar un 20 por ciento más del producto: 1.200.000 mascarillas". El precio por unidad se colocó entonces en 3,33 euros, siendo el precio del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de cuatro euros. "No cumplieron en esa semana con la previsión y, por tanto, la dirección general de recursos económicos continuó con el proceso (de reclamación del dinero)".

* Noviembre de 2021 hasta la actualidad. Después de varias demandas fallidas de cobrar la deuda, "se pasa, por la vía ejecutiva, al reintegro de fondos a través de la Agencia Tributaria Canaria". Hasta el momento se han realizado diez intentos de embargo a la empresa, todos "infructuosos".