Sobre el pulso en Cataluña

Santa Cruz de Tenerife

El Supremo decidió ayer cambiar de criterio y revisar la legalidad de la concesión por el Gobierno del indulto a los líderes independentistas, tal y como reclamaban el PP, Vox, algunos diputados de Ciudadanos y la asociación Convivencia Cívica Catalana. La decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se produce por la incorporación de una magistrada conservadora que ha modificado la relación de fuerzas en la sala, y permitido que se acepte el recurso de reposición presentado por los partidos de la derecha, contra la inicial decisión del propio Supremo de considerar que no estaban legitimados para recurrir los indultos. El anuncio del cambio de posición se produce coincidiendo en el mismo día con el pacto suscrito por los cuatro mayores grupos políticos de Cataluña –ERC, Junts, En Comú Podem y el PSC-, que ayer cerraron un segundo acuerdo sobre el uso de las dos lenguas oficiales –español y catalán- en la educación, buscando con ello burlar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En ella se exige a los colegios e institutos de Cataluña que antes del uno de junio –en apenas pocos días- el español tenga que usarse obligatoriamente para la docencia y al menos en la cuarta parte del tiempo de clases, como lengua vehicular, que es la que se utiliza para la comunicación en aquellos territorios donde existe más de una lengua.

Tras la decisión del TSJ catalán de recuperar el español como lengua en las escuelas, los partidos separatistas, el PSOE y la franquicia catalana de Podemos han llegado a un acuerdo para que sean los propios centros los que decidan el idioma que deben usar en sus clases, considerando el español como lengua curricular, un término que –aparte sonar parecido a lengua vehicular, nadie sabe lo que significa en la práctica. Lo más ridículo del asunto es que no parece nada probable que este acuerdo tenga alguna posibilidad de convertir en legal el incumplimiento de lo que exigen los jueces.

Pero tampoco es otro de esos brindis al sol, de esos a los que nos tiene acostumbrados la política actual. Lo que pretende el acuerdo es dar a los centros educativos la posibilidad de ampararse en él para incumplir el dictamen de los jueces y además ganar tiempo. A fin de cuentas, apenas quedan unos días para acabar las clases…