Los trabajadores de Infancia denuncian carencias y presuntas irregularidades en la atención a niños en desamparo

Las Palmas de Gran Canaria

Hace más de un mes que el Comité de Empresa de la Consejería de Derechos Sociales envió sendos escritos a la Fiscalía de menores de la provincia de Las Palmas, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas, al presidente del gobierno Ángel Víctor Torres o a la consejera Noemí Santana alertando sobre las presuntas "irregularidades" y la "falta de control y supervisión de menores" que vive el Servicio de Protección a la Infancia. Unas cartas que, hasta el momento, no habrían tenido ni remedio ni contestación. En ella se recogen las denuncias de los propios trabajadores: desde una sobrecarga laboral por el aumento de expedientes hasta las bajas sin cubrir, la ausencia de un vehículo oficial (lo que lleva a tener que trasladar a los niños y jóvenes en desamparo en taxi) o la privatización de los servicios y el silencio "cómplice" de los directivos respecto a graves problemáticas informadas por los equipos técnicos.

Estas "graves problemáticas" se recogen en un informe de 2021 relativo a la entidad Mensajeros de La Paz, en centros de acogida de Gran Canaria, y concluye que "ante las quejas formuladas por los usuarios de hogares, progenitores, familia extensa y trabajadores (…) manifestados mediante comparecencia o durante entrevistas (…) se infieren en las mismas que existen irregularidades en la prestación de los servicios generales". Tras una inspección, varias entrevistas y también comunicaciones, el equipo técnico pidió en dicho documento al Cabildo Insular que realizara una auditoría interna a la onegé.

Asimismo, se solicitó "la suspensión de las guardas de forma provisional" de uno de los centros gestionados por esta entidad. Según han confirmado a la SER fuentes de la Sección de Acogimiento de Menores del Cabildo, tras detectarse problemas de conducta en los jóvenes internos en este hogar, el mismo quedó deshabitado y finalmente se procedió a su cierre.

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También fuentes internas de la Consejería de Derechos Sociales han asegurado a este medio tener constancia de prácticas inadecuadas que se producen en los centros de acogida. Al respecto, aseveran haber encontrado indicios de aparente falta de nutrición, niños sin cartilla vacunal o sin los materiales escolares suficientes. "El relato de los niños y familias es denigrante", han aseverado. Por su parte, el ejecutivo regional ha señalado contar con un informe fiduciario que avala su buena praxis.

Por la antena de SER Las Palmas ha pasado el presidente del Comité de Empresa de Derechos Sociales, Javier Gómez de Cos. En unas contundentes declaraciones ha señalado que "siempre estamos con la urgencia. Hablamos de los más vulnerables, de los niños más desprotegidos, de las familias que más lo necesitan, y no les estamos dando la respuesta que les tenemos que dar en épocas de crisis".

Sobre las presuntas irregularidades detectadas, el presidente ha aseverado que "no lo dice un niño, lo dicen varios niños (…) Se sabe desde hace meses, no sabemos que solución les van a dar, pero tenía que haber sido inmediato". También ponen de relieve desde el Comité de Empresa la falta de inspecciones en la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia y "vemos que, en las condiciones en las que están los niños en los sistemas de protección, están más desprotegidos que si estuviesen con la misma familia".

Gómez de Cos ha pedido no centralizar el foco en los trabajadores de Derechos Sociales y que sean los políticos los que "tomen medidas" porque "no doy nombre a lo que tiene que pasar en esta Consejería para que el presidente del Gobierno tome cartas en el asunto".