Piden seis años por "expoliar" un millón de euros al Ayuntamiento de Yaiza
La Audiencia Provincial juzga la próxima semana al abogado Felipe Fernández Camero por una de las piezas separadas del "caso Yate"
Interior del Palacio de Justicia de Arrecife. / Cadena SER
Arrecife
La Fiscalía pedirá, a partir del próximo martes, seis años de cárcel para el abogado Felipe Fernández Camero, al que acusa de haber "expoliado" casi un millón de euros del Ayuntamiento de Yaiza (Lanzarote) entre 1996 y 2012, con la connivencia de su entonces alcalde, José Francisco Reyes, y sus dos secretarios-interventores, también procesados en la misma causa.
La Audiencia de Las Palmas comenzará a juzgar el próximo martes en los Juzgados de Arrecife los hechos contenidos en una de las piezas separadas del "caso Yate", la trama de corrupción urbanística en el municipio de Yaiza por la que ya fueron condenados el propio José Francisco Reyes (seis años de cárcel) y uno de los interventores ahora encausado, Vicente Bartolomé (un año de cárcel).
En esta pieza, la Fiscalía de Canarias acusa a Fernández Camero, que era secretario del Ayuntamiento de Arrecife cuando ocurrieron los hechos, de haberse concertado con Reyes, Bartolomé y otro de los interventores que tuvo Yaiza, Antonio Fernández, para "expoliar" las arcas municipales de ese Consistorio, a través de pagos mensuales que se presentaban como abonos por asesoramientos jurídicos.
El problema, subraya el Ministerio Público, era en que nunca se justificó en qué consistían tales asesoramientos, ni se tramitó expediente alguno de adjudicación, ni se siguieron las normas de contratación, sino que "durante más de una década" el Ayuntamiento de Yaiza pagó, mes tras mes, a Fernández Camero lo que este establecía "por su mero capricho y ansia dineraria".
A lo que se añade, remarca el fiscal, que la ley prohibía a Fernández Camero trabajar para otra administración pública, porque en aquellas fechas era el secretario del Ayuntamiento de Arrecife, cargo que perdió en 2004, cuando la Secretaría de Estado de Organización Territorial lo destituyó, tras descubrir que seguía ejerciendo la abogacía a título privado sin haber obtenido el obligado permiso para compatibilizarla con su función pública.
Desde esa fecha hasta 2012, el Ayuntamiento de Yaiza ya no le pagó directamente a él, sino que Fernández Camero dio instrucciones para que los abonos por sus servicios de asesoramiento y representación legal se ingresaran a su empresa Adelfas SL, en una mecánica que la Fiscalía considera igual de irregular que toda la anterior.
El Ministerio Fiscal lo acusa por ello de ser inductor de un delito de prevaricación, autor de un delito de falsedad y cooperador necesario, pero no solo lo señala a él, sino también al alcalde de Yaiza en aquellos años y a los dos funcionarios que ejercieron en ese periodo como secretarios-interventores de la corporación.
Al primero, le reprocha su participación directa en la trama que permitió a Fernández Camero cobrar casi un millón de euros de forma, a su juicio, ilegal. A los dos interventores, Bartolomé y Fernández, les censura que dieran el visto bueno a todos esos pagos "sin efectuar el menor reparo a pesar del cúmulo de ilegalidades que se cometían, de las que eran plenamente conocedores".
Por estos hechos, la acusación pública pedirá a la Audiencia que dicte las siguientes condenas: seis años de cárcel y diez de inhabilitación para el exalcalde José Francisco Reyes, el exinterventor Vicente Bartolomé y el abogado Felipe Fernández Camero y cinco años y medio de prisión y nueve de inhabilitación para el exinterventor Antonio Fernández.
