Sobre los sillones del Parlamento
Santa Cruz de Tenerife
La diputada Vidina Espino, pidió ayer a la Mesa del Parlamento que cancele la compra de los nuevos sillones para los diputados, en los que el Parlamento va a gastarse algo más de cien mil euros. La diputada ha recordado que la ley de contratos del sector público contempla la cancelación de una adjudicación cuando no es de interés público. Es opinable que el confort de los traseros de los diputados sea de interés general, pero el hecho es que la compra podría ser suspendida porque aún quedan más de dos meses para que los sillones sean entregados y aún no se ha pagado ni un euro.
Espino se ha significado en esta cuestión, denunciando el silencio del resto de miembros de la Junta de Portavoces del Parlamento ante una compra planteada hace ya varios meses, pero de la que sólo se tuvo conocimiento la pasada semana y que además ha resultado ser muy polémica. La diputada emitió ayer una nota de prensa, en la que asegura que tras incorporarse el encargo de los sillones al orden del día de la Junta de Portavoces del Parlamento –un organismo en el que están representados todos los grupos parlamentarios, y que comparte con la Mesa de la cámara la organización de la agenda parlamentaria- ninguno de los portavoces quiso pronunciarse ni pidió intervenir sobre este asunto, ni siquiera el representante de Podemos, Manuel Marrero, que hace unos días fue muy crítico con la compra.
Lo cierto es que este sainete de los sillones –cuyo cambio se justifica en la comodidad de Sus Señorías después de casi tres décadas de usar los mismos asientos- se ha convertido en muy incómodo para los diputados. Los cuatro grandes partidos presentes en la Mesa de la Cámara –el PSOE, Coalición, el PP y Nueva Canarias- apoyaron en su día el gasto, pero desde que el encargo se hizo público nadie se ha manifestado defendiéndolo abiertamente. Es una decisión que se presta a ser criticada demagógicamente, como la mayoría de las que tienen que ver con los privilegios y canonjías de la clase política. Pero también es verdad que la compra ha provocado un enorme rechazo en la ciudadanía. Y hay motivos para ello: Espino ha recordado que cien mil euros es lo que el Gobierno de Canarias se gasta anualmente en los Bancos de Alimentos de las capitales canarias. La comparación da que pensar.
