Fernández Camero alega que el pleno de Yaiza decidió contratarle desde 1980
Comienza el juicio contra el abogado por el presunto expolio de casi un millón de euros al ayuntamiento del sur de Lanzarote
Felipe Fernández Camero sentado junto a su defensa. / Agencia EFE
Arrecife
La defensa del abogado Felipe Fernández Camero ha tratado demostrar este martes ante la Audiencia de Las Palmas que los asesoramientos jurídicos al Ayuntamiento de Yaiza (Lanzarote) por los que le acusa a su cliente de prevaricación y malversación estaban validados por un acuerdo plenario adoptado por unanimidad en 1980, cuando era alcalde Honorio García Bravo.
Es decir, 16 años antes de la fecha del inicio del "expolio" de casi un millón de euros que la Fiscalía atribuye a Fernández Camero haber hecho al Consistorio de Yaiza con la connivencia de su entonces alcalde, José Francisco Reyes, y sus dos secretarios-interventores, los procesados Vicente Bartolomé y Antonio Fernández.
El juicio por esta pieza del "caso Yate" comenzó con el intento frustrado de llegar a un acuerdo con el Ministerio Fiscal para reconocer los cuatro acusados el delito de prevaricación (que solo conlleva inhabilitación para cargo público) y eliminar el de malversación de caudales públicos, que acarrea penas de prisión, en este caso, de hasta seis años. Ni la Fiscalía ni la acusación popular accedieron al acuerdo.
La defensa de Fernández Camero tampoco logró que el tribunal aceptase un informe de valoración de los trabajos de asesoramiento realizados durante los años 1996 y 2012 al entender los magistrados que era "extemporáneo", dado que la admisión de pruebas en este proceso judicial finalizó en noviembre de 2021.
Según en el escrito de acusación del Ministerio Público, nunca se justificó en qué consistían tales asesoramientos, ni se tramitó expediente alguno de adjudicación, ni se siguieron las normas de contratación, sino que "durante más de una década" el Ayuntamiento de Yaiza pagó, mes tras mes, a Fernández Camero lo que este establecía "por su mero capricho y ansia dineraria".
En la vista de oral, las defensas presentaron además otras cuestiones previas que la Audiencia ha decidido resolver cuando dicte la correspondiente sentencia.
El letrado del exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, al que se sumaron el resto de las defensas, solicitó la prescripción del delito de prevaricación, al considerar que había que tomar como referencia el acuerdo de agosto de 1980 cuando el Ayuntamiento acordó la contratación de Fernández Camero como asesor jurídico.
La Fiscalía se opuso de plano a ese argumento: "Es absolutamente inviable que esté prescrito", apuntó la fiscal, quien insistió que los hechos que se juzgan corresponden al periodo que va desde 1996 hasta 2012, con "continuidad delictiva".
Fernández Camero alegó también la falta de legitimación de la acusación popular, aspecto este que se resolverá en sentencia.
Por su parte, la abogada de la acusación popular criticó la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Yaiza de no personarse como acusación: "El Ayuntamiento no defiende el interés general y confunde sus intereses privados con los intereses institucionales", apuntó.
La defensa de Antonio Fernández alegó la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por la "acusación sorpresiva" del delito de falsedad documental. Y ello porque entiende que no fue hasta el escrito de conclusiones de la Fiscalía cuando se incluyó ese delito.
"Es incierto que fuera sorpresiva", replicó la Fiscalía, que recordó que Fernández era consciente de que los servicios de Fernández Camero no se habían prestado.
En la primera sesión del juicio declararon como testigos la técnico de Recursos Humanos del Ayuntamieto de Yaiza, Luisa Esther Figuera, que reconoció la inexistencia de un departamento jurídico; el que fuera interventor del Consistorio, Miguel Angel Guerra; y el exalcalde de Yaiza, Honorio García Bravo.
Está previsto que este miércoles declaren los cuatro acusados en este procedimiento desgajado de la causa por corrupción urbanística en el sur de Lanzarote conocida como "caso Yate".
La acusación pública pedirá a la Audiencia que dicte las siguientes condenas: seis años de cárcel y diez de inhabilitación para el exalcalde José Francisco Reyes, el ex secretario-exinterventor Vicente Bartolomé y el abogado Felipe Fernández Camero y cinco años y medio de prisión y nueve de inhabilitación para el exinterventor Antonio Fernández.