Informe sobre RTVC: la Audiencia de Cuentas constata que la indefinición del modelo lastra la gestión

Tenerife

Contrataciones sin detallar su necesidad, órdenes de continuidad en lugar de licitaciones, justificaciones "no motivadas" para declarar urgencias o incumplimientos generalizados en las adjudicaciones directas y contrataciones con algunos proveedores, -superando el umbral permitido por el ordenamiento jurídico-. Estas son algunas de las conclusiones a las que llega la Audiencia de Cuentas de Canarias en sus informes de fiscalización de la legalidad de toda la contratación realizada por el Ente Público Radiotelevisión Canaria, así como sus dos sociedades mercantiles, durante los años 2019 y 2020.

El órgano fiscalizador detecta también, en este caso como "incidencia general", el incumplimiento en la totalidad de los expedientes de la publicación en el perfil del contratante. Y en su análisis de los dos ejercicios cuestiona no solo las citadas irregularidades en los procesos de contratación realizados por el Administrador Único, sino también la falta de definición de un modelo de gestión por parte del Parlamento de Canarias que, en su opinión, "ha condicionado una planificación eficaz y eficiente de la contratación" del ente.

Muestras aleatorias

La Audiencia de Cuentas ha realizado sus informes sobre las contrataciones en la radiotelevisión autonómica sobre muestras aleatorias que, en el ejercido del 2020, representaron el 10% del total de las contrataciones (268 contratos) y el 71% del importe total de las adjudicaciones (22,4 millones), en el caso de la televisión; y del 8% (33 contratos) y 74% (700.000 euros), respectivamente, en el de la radio. Muestras que le han llevado a constatar que "la totalidad de la contratación formalizada por RTVC en 2020 se corresponde con contratos menores adjudicados de forma directa, a excepción de un contrato celebrado para el servicio de limpieza de las oficinas del ente en Tenerife y Gran Canaria".

Respecto a la contratación de contenidos audiovisuales, -que no se rigen por la normas generales sino por la Ley de Propiedad Intelectual-, la Audiencia de Cuentas sostiene que la Televisión Canaria "sigue sin aprobar en 2020 unas normas internas en las que se establezca un procedimiento sistematizado y normalizado en materia de contratación de producciones audiovisuales y adquisición de derechos de emisión y explotación, en las que se regule la documentación a contener en cada expediente, los requisitos a cumplir por los contratistas, los mecanismos de selección y de tramitación atendiendo a criterios de contenido, presupuesto, calidad artística y técnica". En su sustitución, el ente utiliza una "guía de apoyo para la fiscalización", precisando que se trata de "un documento no aprobado formalmente".

En el ejercicio 2020, la televisión autonómica realizó un total de 2.583 contratos por valor de 31,5 millones, correspondiendo 234 de ellos a producciones de contenido audiovisual por importe de 23,6 millones de €, y 2.333 adjudicados de forma directa por una cifra de dos millones euros. En lo que respecta a la radio, fueron 400 contratos suscritos, por valor de un millón de euros, 394 de los cuales fueron adjudicados de forma directa por 0,3 millones.

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Débil control interno

La Audiencia de Cuentas ha verificado que, en los contratos suscritos en ambas sociedades mercantiles, "la documentación facilitada de los expedientes de contratación es incompleta en algunos casos, lo que denota debilidades de control interno en la gestión", entre ellos al no detallar con precisión en los mismos la necesidad del objeto a contratar. Del mismo modo, cuestiona la utilización de la figura de las “órdenes de continuidad” de servicios prestados que debieron licitarse al ser considerados "esenciales e imprescindibles", mientras que no encuentra justificada la declaración de urgencia de nueve expedientes que fueron tramitados como tales.

De la revisión de expedientes referidos a adjudicaciones directas, la Audiencia detecta "incumplimientos generalizados" como la no publicación de los mismos, la falta de documentación de la capacidad de obrar o de solvencia de los adjudicatarios o, en otros casos, de documentos preceptivo como la aprobación del gasto. Y en algunas de las Empresas de Trabajo Temporal contratadas, tanto para la televisión como para la radio, detecta que se ha superado la facturación de 15.000 euros, al producirse "unidad o vínculo funcional u operativo, incurriendo en un posible fraccionamiento del objeto del contrato contrario al ordenamiento jurídico". Lo mismo sucede con otros proveedores cuyo nivel de facturación supera dicho umbral.

Contenido audiovisual

El órgano fiscalizador da por comprobado que el Ente Público Radiotelevisión Canaria "no tiene un procedimiento sistematizado ni normalizado en materia de contratación de producciones audiovisuales y adquisición de derechos de emisión, en el que se regule, tanto la tipología de dichas producciones, como la recepción, registro, análisis, valoración y aprobación o desestimación de proyectos atendiendo a criterios de contenido, presupuesto, calidad artística y técnica, que contribuya a la igualdad de oportunidades, concurrencia y transparencia, y en su caso, la justificación de la no aplicación de estos principios por las características de las producciones". Y añade que, aunque en el ejercicio 2019 se implantó un registro para la recogida de proyectos, "el funcionamiento del mismo es aún parcial, ya que no todas las propuestas de proyectos se registraron".

Alquiler de equipamiento

La Audiencia de Cuentas detalla también en su informe que el ente público abonó por el alquiler de equipamiento a la entidad VIDEO REPORT CANARIAS S.A., la cantidad de 4,6 millones de euros en 2019. Y advierte, al respecto, que "dichos abonos se basan en acuerdos que, al haber sido adoptados sin sometimiento a las prescripciones de la normativa de contratación, están incursos en causa de nulidad por omisión total y absoluta del procedimiento".

Un órgano sin control

En el informe de fiscalización del año 2019, la Audiencia de Cuentas pone el foco en la ausencia de control del Ente Público Radiotelevisión Canaria, recordando que "pese al tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la Ley, están pendientes de aprobación disposiciones fundamentales para su efectiva aplicación. Y las cita: ni el Mandato Marco en el que se debían concretar, para un periodo de seis años, los objetivos generales de la función de servicio público que RTVC tiene encomendados. Tampoco ha sido aprobado el Reglamento Orgánico, pese a haber sido tenido en consideración por el Consejo Rector de RTVC en 2015 y sometido al preceptivo dictamen del Consejo Consultivo de Canarias.

En consecuencia, la televisión y la radio públicas de Canarias no cuentan ni con Consejo Asesor, ni con un Consejo de Informativos, de tal forma que "no se cuenta en este ente público RTVC, ni en sus sociedades mercantiles, con otro órgano de gobierno, dirección, gestión y contratación distinto del Administrador Único". Los dos exhaustivos informes de fiscalización elaborados por la Audiencia de Cuentas serán presentados este viernes en la Comisión de Hacienda del Parlamento autonómico, dos días después de la Comisión de Control de Radiotelevisión Canaria.