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las universidades públicas canarias piden recuperar la financiación que tenían en 2013

Rectores y gerentes de las dos universidades públicas canarias / Archivo Grafico

Las Palmas de Gran Canaria

Las universidades canarias tienen casi un 80 por ciento de su presupuesto financiado por las administraciones públicas, sobre todo de la comunidad autónoma, del que depende más del 74 por ciento. Las matrículas y tasas recaudan el 11 por ciento después de varios años congeladas y el resto de proyectos de investigación en diferentes convocatorias regionales, nacionales y europeas.

Las universidades públicas canarias, la de La Laguna y la de Las Palmas de Gran Canaria, podrían entrar en déficit el año próximo si no aumenta la aportación del gobierno canario. Los datos que manejan los gerentes de las dos instituciones académicas reflejan que en el contrato programa de 2009 a 2013 recibieron 1.387 millones de euros, mientras que entre 2018 y 2022 les ingresaron 1.186 millones, 201 menos, un descenso del 14 por ciento. De ese recorte 105 millones corresponden a la financiación del funcionamiento de las universidades y 96 millones para inversiones, donde ha bajado el dinero destinado en un 80 por ciento.

Con todos estos datos sobre la mesa se reunieron con la consejera de educación, Manuela Armas, para reclamar además un nuevo contrato programa que les permita planificar a medio plazo sus cuentas y poder planificar sus inversiones o contratar personal ante un evidente envejecimiento del profesorado. Los dos rectores recuerdan que sus instituciones académicas son el verdadero ascensor social de Canarias al permitir la formación para unos 45 mil estudiantes, ya que aseguran que no han perdido matriculaciones en los últimos años con la llegada de las universidades privadas, que tienen menos penetración que la media estatal.

Si no aumenta la financiación de la comunidad autónoma en los próximos años entrarían en déficit con solo dos alternativas para cuadrar las cuentas: por una parte utilizar el dinero de remanentes que les obliga la lay o reducir servicios y recortar. De momento solo han conseguido arrancar la creación de mesas de trabajo para analizar la financiación de ambas universidades y que visite oficialmente ambas instituciones.

 
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