Nuevo varapalo judicial a la gestión municipal de Patricia Hernández

Santa Cruz de Tenerife

La Sala Segunda de Lo Contencioso Administrativo del TSJC ha dado la razón al actual grupo de gobierno en el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en el cese de la que fuera jefa de servicios jurídicos municipales, Luisa del Toro. Los hechos se refieren cuando el anterior grupo de gobierno municipal, con la socialista Patricia Hernández a la cabeza designó como jefa del servicio jurídico a Luisa del Toro quien junto con Julio Cruz figuraban como personal de máxima confianza de la edil socialista. Este nombramiento se produjo el 13 de julio de 2020, es decir horas antes de que se consumara la moción de censura que desbancaría a Patricia Hernández del sillón de la Alcaldía. En la sentencia, al que ha tenido acceso la SER, se advierte de forma muy contundente de que con el citado nombramiento "pretendieron imponer al equipo saliente de la nueva mayoría del pleno, al Jefe de sus Servicios Jurídicos". Para la sala se trata de un "planteamiento insostenible porque nadie esta obligado a aceptar en un puesto de máxima confianza, a la persona nombrada por el contrincante político, que lo hace a la sazón del momento en que acaba de perder su poder". Del mismo modo, la Sala considera que "tal actuación no resiste el mínimo principio de la Buena Fe procedimental". De esta forma la sala da la razón al actual grupo de gobierno al dejar sin efectos el nombramiento de la jefa de los servicios jurídicos que se produjo el 16 de julio de 2020.

Esta sentencia es un nuevo varapalo a la gestión realizada por Patricia Hernández al frente del consistorio capitalino después de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 desestimara el recurso presentado por siete concejales del Ayuntamiento de Santa Cruz, pertenecientes a los grupos políticos del PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos, contra el pleno celebrado el 13 de julio de 2020, en el que fue aprobada la moción de censura presentada por CC, PP y la edil Evelyn Alonso, expulsada de Cs, contra la entonces alcaldesa socialista, Patricia Hernández. La sentencia establece que las razones indicadas en dicho recurso "no tienen fundamento alguno en el régimen de mociones de censura locales".