Los constructores isleños pararán a final de año las obras públicas si las administraciones no les pagan el sobrecoste causado por la inflación
El Gobierno canario asegura que está en negociaciones con el Ministerio para conseguir mejorar las condiciones de la revisión de precios
Maquinaria pesada en un desmonte de terreno. / Rafael Troyano Valdivieso
Santa Cruz de Tenerife
Los constructores isleños han decidido decir "basta". Se quejan de que las administraciones no revisan los contratos de obras públicas para adecuarlos a la inflación. El sobrecoste, lamentan, lo están pagando las propias empresas. Achacan el retraso en aplicar la legislación (que, en todo caso, consideran insuficiente) a una burocracia entorpecedora, lenta y obstruccionista. A fin de año, si no han obtenido una solución, pararán las obras que tienen en marcha.
Es la advertencia que ha lanzado Fepeco después de mantener en Mardid reuniones con patronales de otras CCAA. No solo se quejan de tener que adelantar el dinero de más por los retrasos en la revisión, sino de que se están perdiendo inversiones. Óscar Izquierdo, su presidente, afirma que en un año y medio se han perdido 72 millones de inversiones debido a que han quedado desiertos más de 200 concursos públicos.
La Consejería de Obras Públicas afirma que ya hace una revisión de los precios de sus adjudicaciones, aunque admiten que el decreto que las regula se ha quedado algo obsoleto, puesto que se elaboró durante la pandemia para hacer frente a los sobrecostes derivados del incremento de los fletes. Ahora, sin embargo, es la inflación producida por el alto precio de la energía y los materiales la responsable de que a las empresas "no les salgan las cuentas".
El Ejecutivo autonómico trabaja con el Gobierno central para mejorar las condiciones en las que se calculan las revisiones. Sebastián Franquis, el consejero responsable del área, confía en alcanzar pronto un acuerdo y que no llegue a producirse el parón en los trabajos con los que ha amenazado la patronal.
Izquierdo traslada el malestar del sector de la construcción ante "la burocracia entorpecedora, lenta y obstruccionista que padecemos". "No saben, no quieren o no pueden aplicar lo que está legislado al respecto, que por cierto, no es ninguna panacea", asevera.
"La subida de las materias primas y la consecuente distorsión creada en el mercado, ha supuesto un sobrecoste que soportamos las empresas, que en estos momentos, estamos financiando a la propia administración pública", apunta el representante de los constructores. "Todo un dislate, que no tiene visos de solución inmediata", agrega. Según sus cálculos, los aumentos de precios de las materias primas y energías, superan la media del 40 %, que no se ven reflejadas en proyectos, ni licitaciones, que siguen saliendo con precios fuera de la realidad y obsoletos.
