La justicia tinerfeña deniega casi la mitad de las medidas de protección por violencia machista

Santa Cruz de Tenerife

"El sistema está fallando". Es la conclusión de las asociaciones feministas ante los datos del Consejo General del Poder Judicial que demuestran que existe una disparidad en los partidos judiciales de Tenerife respecto al número de órdenes y medidas de protección que se conceden a las víctimas denunciantes de violencia de género. En concreto, y según los datos a los que ha tenido acceso la SER, la justicia de la isla deniega el 47% de las órdenes y medidas de protección y seguridad solicitadas a instancia de las propias mujeres o del Ministerio Fiscal.

En el segundo trimestre de este año se registraron 222 solicitudes en la isla, resultando denegadas 106 (47,7% del total). Por partidos judiciales, la disparidad se acentúa, y es que en el caso de La Laguna son rechazas hasta el 71% de las peticiones de protección. También destaca Santa Cruz de Tenerife, que deniega el 62% o Granadilla de Abona, con el 55%. En el caso de los otros partidos judiciales (Icod de los Vinos, La Orotava, Puerto de la Cruz y Güímar) sí se adoptan más órdenes y medidas de las que son declinadas.

Es una situación que también denuncia el Foro contra la Violencia de Género de Tenerife, que considera que, antes estas cifras, "las mujeres pierden la esperanza y sí se alejan del sistema judicial". Su portavoz, Elisa Pérez Rosales, apunta a las herramientas de fiscalización e inspección del Gobierno de Canarias y el Consejo General del Poder Judicial como los engranajes de la cadena que están fallando: "¿Cómo es posible que no se hayan identificado estos datos? O, si se han identificado, que no se hayan tomado medidas por parte de estas dos administraciones...".

Especialmente sangrante es el caso del partido judicial de La Laguna, que en comparación con un municipio como Telde (similar en población), multiplica el número de medidas de protección denegadas. En el caso de la población grancanaria, durante la primavera se registraron 18 peticiones y tan solo dos fueron rechazadas.

Rosales explica al respecto que "también entra en juego el criterio de los jueces y las juezas a la hora de resolver" qué sucede con las órdenes y medidas de protección. Además, apunta a "los tipos de informe por parte de las unidades de valoración en aquellos partidos judiciales donde las haya, porque no las hay en todos". Sobre el número creciente de las mujeres que finalmente deciden no testificar en contra de sus presuntos agresores, la portavoz señala "el miedo que sienten las víctimas. Es muy difícil abandonar y decidir salir de una situación de violencia de género. Y, encima, si las mujeres no se ven apoyadas por las administraciones, por la justicia, viendo los datos que ponemos sobre la mesa...".