El juez reabre las diligencias penales contra la gestión del programa de control de horario de los trabajadores del Gobierno

Santa Cruz de Tenerife

El magistrado del Juzgado de Instrucción Número 7 de Las Palmas de Gran Canaria ha reabierto la vía penal contra el Gobierno de Canarias tras la denuncia interpuesta por la empresa MHP. Se trata de un nuevo capítulo de una larga batalla judicial entre el Ejecutivo regional y la citada empresa que considera que la Administración de la Comunidad Autónoma se ha apropiado de su software para el control de horario. Según ha adelantado el rotativo El Día, este Sistema de Control de Horario (SICHO) fue asumido por el consejo de gobierno después de que se aprobara una partida para su instalación sin contar con la empresa y considerando que este sistema es propiedad de la Comunidad Autónoma. A los frentes abierto por la empresa perjudicada en la jurisdicción Contencioso Administrativa en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, se le une el ámbito penal después de que el juez haya admitido a trámite la denuncia por uso fraudulento del citado sistema de control de horarios y ha dado traslado de las diligencias a la Fiscalía. La adopción del sistema SOCHI data de hace un año pero la Dirección de Función Pública aún no ha finalizado el concurso de adjudicación por 2,2 ,millones de euros a una nueva empresa para el mantenimiento del sistema que es empleado por más de 30.000 trabajadores y que ha dado multitud de problemas a la hora de fichar y llevar el control de horarios.

Medidas cautelares

Por otra parte, la empresa MHP ha solicitado al juzgado de forma "urgente y como medida cautelar  decretar de forma inmediata la interrupción del uso del Sistema SICHO para todos los colectivos del Gobierno de Canarias (Justicia, Servicio Canario de Salud y Administración General), ordenando con ello asimismo también la urgente retirada del software instalado en los servidores del Gobierno autonómico y su aplicación para móviles, con objeto de ser peritado judicialmente a fin de valorar los daños causados al Sistema en materia de seguridad de la información, accesos y usos fraudulentos que hubiera sufrido durante el periodo comprendido desde la interposición de la denuncia el pasado 4 de Octubre de 2021 hasta el momento de su desactivación, debiendo determinarse el número de usuarios que habrían estado haciendo uso del mismo sin cobertura legal y sin autorización de su titular".