Sobre Victoria Rosell

Santa Cruz de Tenerife

El bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial es una vergüenza compartida por todos los que –de una forma u otra- han impedido su renovación. Los sistemas de mayoría cualificada que establece la Constitución para determinadas instancias institucionales fueron pensados para reforzar la búsqueda de consensos en las altas magistraturas del país. Pero esta gente que nos gobierna ahora –o que aspira a gobernarnos- no es la que había entonces. Aquí se juega al todo o nada con las cosas de comer, y por eso nuestra democracia se envilece y degrada. La renovación del Consejo no se resuelve por la intransigencia de las partes, que quieren convertir el órgano de dirección de los jueces es una trinchera partidista. No es de recibo que ese asunto se mezcle con otros –por muy graves que sean, como lo es hacer más concesiones al independentismo-, como tampoco es razonable que el Gobierno pretenda pervertir el sistema ideado por los constitucionalistas del 78 para garantizar la separación efectiva de poderes.

Dicho eso, los consensos no pueden construirse sobre el veto a los candidatos ajenos que a uno no le gustan. Es cierto que la figura de Victoria Rosell es rechazada por el PP, y que ese rechazo lo comparten una parte importante del PSOE y algunos de los compañeros de la propia Rosell. Pero si el sistema de elección parlamentaria de miembros del Consejo se basa –y es una lástima que así sea- en un sistema de cuotas de partidos, parece poco sensato forzar una dinámica de vetos que se convertirá en inacabable y acabará dando al traste con cualquier negociación.

Personalmente creo que Rosell es una mala candidata: su carrera como jueza progresista se ha construido desde la sobreactuación, el conflicto constante y una agresividad hacia los adversarios –ya sean un ex presidente del Cabildo tinerfeño, un juez sin escrúpulos, un guardia civil que le planta cara en un aeropuerto o una antigua empleada doméstica- que en ocasiones ha rozado la voluntad de exterminio. Tampoco es exactamente Rosell una autoridad jurídica: su carrera como magistrada no destaca por un gran aporte jurisprudencial, ha sido básicamente una carrera mediática, sobre todo encaminada a facilitar sus escarceos en el poder legislativo y el ejecutivo, en los que -por cierto- tampoco ha brillado precisamente por su trabajo. Y en los últimos días se ha sabido de algunas oscuridades en el manejo de la información como magistrada, con el objetivo de favorecer a su pareja, Carlos Sosa. Probablemente carece Rosell de la mesura necesaria para intervenir en el mando de los jueces con ecuanimidad y sentido del equilibrio. Pero todo eso es mi opinión, supongo que no compartida por quienes la apoyan y proponen para el Consejo. Si en Podemos la mayoría quiere presentarla, esa es una decisión que corresponde a Podemos. Y si la parte que toca elegir del Consejo por el Parlamento se determina en base a criterios de cuota partidaria, creo que los partidos deberían abstenerse de interponer vetos porque Rosell no les cae bien, les parece radical o no se fían de su juicio.

La democracia no funciona así. O al menos no debería