Sobre la dimisión de Conrado Domínguez

EL ENFOQUE 4 NOVIEMBRE

Santa Cruz de Tenerife

Este lunes pasado, el juez del caso mascarillas decretó secreto de sumario para evitar que continuara la diarrea de filtraciones sobre la causa que se han producido desde el inicio de la instrucción. Tras la decisión del juez, adoptada justo un día antes de que el presidente Torres fuera citado a declarar para ampliar la información sobre este asunto ofrecida a la Justicia por su Gobierno, el director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, único responsable político investigado por este caso, presentó ayer de forma oficial su dimisión. Lo hizo en una breve carta dirigida a su jefe inmediato, Blas Trujillo, consejero de Sanidad, en la que explica que abandona su cargo para poder mantener su derecho a la defensa sin perjudicar al Servicio Canario de Salud.

En Canarias fueron también unas cuantas las empresas que se lanzaron a por contratos de abastecimiento. No todas cumplieron: el fraude sobrevenido del caso mascarillas es la punta del iceberg de decenas de operaciones planteadas, de las que muchas no llegaron a fructificar porque no había dinero para adelantar. La cuestión clave que hay que preguntarse es porqué el ya dimitido Domínguez –una persona con años de servicio público acreditado- se avino a realizar una compra tan peligrosa. Cuando ocurrieron los hechos era solo coordinador técnico del Comité de Gestión de la Emergencia Sanitaria en Canarias. Carecía formalmente de cualquier capacidad de compra… Domínguez es un tipo leal, y estoy absolutamente convencido de que si actuó por encima de las que eran entonces sus competencias fue porque recibió esa instrucción de uno de sus jefes. Eso tampoco presupone voluntad de ilicitud alguna, porque la urgencia por disponer de epis era enorme. Pero alguien se lo pidió. Pudo ser el responsable del Servicio Canario de Salud, Antonio Olivera, el consejero accidental, Julio Pérez, o incluso el presidente Torres. Para entender lo que ocurrió después, cuando las mascarillas no llegaron y todo se embrolló en una cadena de decisiones erróneas, conviene aclarar quien dio primero la orden de comprar y porqué lo hizo. Este no es un asunto que vaya a resolverse crucificando a Conrado Domínguez. Aunque estoy convencido de que más de uno habrá respirado hoy con alivio en el Gobierno, cuando se ha sabido su intención de dimitir.