Sobre el cambio de jurisdicción en la instrucción del caso mascarillas
Santa Cruz de Tenerife
En un inesperado giro de los acontecimientos, la Fiscalía Europea, que lleva ya varios meses interesada en la historia de las mascarillas, ha decidido tomar cartas en el asunto, asumiendo la investigación del caso, al considerar que la operación se realizó con fondos europeos. Se trata de algo que el Gobierno viene negando desde el inicio de las actuaciones. Pero el hecho es que la Fiscalía ha decidido intervenir, exigiendo a las instancias jurídicas nacionales que hasta ahora se ocupaban del caso –el juzgado de instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria y la Fiscalía Anticorrupción- remitan inmediatamente sus actuaciones.
En lenguaje ordinario, lo que eso significa es que el juez y el fiscal, que se ocupaban del caso, deben abstenerse a partir de ahora de mantener el procedimiento, realizar investigaciones o citar a declarar a testigos, y deben hacerlo con carácter inmediato. La causa pasa a una jurisdicción distinta. El Juzgado suspendió ayer mismo las actuaciones previstas para esta semana, entre ellas alguna declaración, y –quizá la más esperada- la que debía protagonizar Ángel Víctor Torres.
La intervención de la Fiscalía Europea ha sido sorprendente -por el momento en que se produce- tras varios meses de investigación, iniciada tras una denuncia presentada en mayo de este año por Juan Manuel Pérez, un empresario de ocio nocturno, que movió una macrodenuncia contra el Gobierno, su presidente, su vicepresidente, el Parlamento de Canarias y todos los funcionarios supuestamente involucrados, denunciando 23 casos de irregularidades en las licitaciones del Covid. De momento, además de reclamar la competencia sobre el caso, y apuntar a un quinto delito -el de malversación, ya detectado por el juez instructor-, la Fiscalía ha solicitado al juzgado que informe sobre el estado de la causa, y al FEDER que conteste a la pregunta que nadie ha respondido: si la compra que se investiga ha sido o no financiada con fondos europeos, y –también- si lo fue cualquiera de las compras denunciadas por Juan Manuel Pérez, y que fueron archivadas.
