La ruina del Covid19: cuando una mascarilla en Canarias costaba cuatro euros

Las Palmas de Gran Canaria

El 14 de marzo de 2020 comenzaba el confinamiento por la pandemia del coronavirus Covid19 y empezaba una guerra por tener el material de protección suficiente. La necesidad era extrema para aquellos que veían de cara a la enfermedad en los hospitales. Tres días después desde el Hospital General de Fuerteventura lanzaban un mensaje de socorro: solo tenían mascarillas quirúrgicas, ni los ahora populares equipos de protección individual (EPIs), ni material aislante.

Unos días después, el 1 de abril, era Julio Pérez, consejero en funciones de Sanidad, quien reconocía que faltaban mascarillas y calificaba la situación de crítica por la falta de isopos, es decir, podían quedarse sin tener material para hacer los test del Covid19.

La ley de la selva para comprar material era general. Dos semanas después, desde ASINCA, Asociación industrial de Canarias, se relataban los problemas para adquirir material que venía no se sabía muy bien de dónde. Aunque desde el ministerio de Sanidad insistía Salvador Illa en centralizar compras, la Comunidad de Madrid publicitaba sus partidas de mascarillas llegadas desde China con las 7 estrellas blancas impresas.

Luego se desveló que unos intermediarios se llevaron cuantiosas comisiones por aquellos vuelos. Esos días algunas partidas de material incluso eran confiscadas en los países donde hacían escala los aviones de carga, o cambiaban sobre la marcha de destino y comprador. Durante esas fechas el Colegio de Médicos de Las Palmas adquiría mascarillas para sus colegiados, y Pedro Cabrera, su presidente, relataba la odisea de comprar 50 mil mascarillas que estuvieran homologadas que habían recorrido medio mundo hasta llegar a las islas.

En las farmacias mientras tanto se mostraba el capitalismo más brutal: aumento de la demanda y se disparaban los precios. Una simple mascarilla podía costar más de 4 euros y los farmacéuticos colocaban carteles advirtiendo que el precio de venta al público subía porque los proveedores las cobraban más caras. A final de mes, el Gobierno de España fijó un precio máximo de venta al público, lo que agradecían los profesionales para evitar especuladores. Y es que en esa época solo se vendían mascarillas en las farmacias.

Los que intentaban hacer el negocio de su vida se multiplicaban. En agosto de 2020, la Policía Nacional desvelaba una detención por una presunta estafa cometida en mayo por un empresario de Gran Canaria que importó 190 mil mascarillas que fueron localizadas en una nave industrial porque no resultaron homologadas, aunque ya había recibido un adelanto del pago.