"No somos empleados de segunda": los médicos interinos de Canarias lanzan un preaviso de huelga
Los facultativos especialistas exigen ampliar las plazas ofertadas en el proceso de estabilización y permitir a los profesionales permanecer en sus gerencias
Archivo - Facultativos atienden a un paciente con Covid-19 en la UCI / JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo (EUROPA PRESS)
Santa Cruz de Tenerife
La Mesa de Confluencia de Médicos de Canarias ha decidido lanzar un nuevo preaviso de huelga. En esta ocasión, por la negociación del proceso de estabilización de interinos emprendido por el ejecutivo central y gestionado por las autonomías. Para ello han realizado una encuesta entre 1.000 facultativos especialistas y el resultado es claro: el 70 por ciento apoyará la movilización si el gobierno regional no da una respuesta contundente y satisfactoria a la temporalidad. Su portavoz, Dácil García, ha insistido en la SER en que "da la sensación de que somos empleados públicos de segunda, y ya hemos demostrado que somos esenciales". La huelga comenzaría el 2 de diciembre.
Precisamente ayer tuvo lugar una nueva reunión de trabajo de los integrantes de la Mesa Sectorial de Sanidad para perfilar las bases y baremos que deben publicarse antes del 31 de diciembre. Varias fuentes consultadas por la SER han confirmado que, aunque estaba previsto avanzar en los baremos, la negociación se enrocó en las plazas ofertadas. Serán 12.000 los profesionales del SCS que accederán a una plaza fija, una cifra que varios agentes sanitarios consideran insuficiente.
Esta es una de las principales reivindicaciones de la Confluencia (no representada en la Mesa Sectorial). García asegura ser conocedora de que la administración pública está realizando un esfuerzo para ampliar el número de vacantes. Sin embargo, considera imprescindible conocer ya las plazas que se van a ofertar porque "si no hay plazas, no tenemos una OPE justa. A día de hoy hay gente en abuso de temporalidad que se queda por fuera". Además, ha señalado que "los números no cuadran" y que "hay personas a las que se ha hecho contratos basura, de guardias, de días contados, en una gerencia, en otra... Ese tipo de contratación basura hace que las plazas no se contabilicen bien".
Al respecto, el profesor de Derecho Constitucional y colaborador de la Confluencia, Gerardo Pérez Sánchez, ha sumado que "arrastramos una serie de errores desde hace muchos años", llegando a aseverar que la normativa europea (con un tirón de orejas a España para reducir la temporalidad de sus empleados públicos a un máximo del 8 por ciento) "no se termina de trasponer". También ha denunciado que "el Estado no termina de regular una compensación efectiva y proporcional para los profesionales que han estado en precariedad laboral durante años, en ocasiones durante décadas".
De hecho, ha señalado que "ya hay recursos frente al decreto que aprobó la oferta de empleo público, en el sentido de que se consideraba que no estaban todas las plazas que debían sacarse". Y es que "la Ley obliga, no faculta, obliga a la administración a sacar todas las plazas que están en situación de abuso de temporalidad". Se dan dos modalidades: la fase de concurso de méritos para los profesionales con una antigüedad previa al 1 de enero de 2016 y el concurso de oposición para los sanitarios que no alcancen dicha antigüedad.
García también asevera que puede producirse un agravio respecto a otros empleados públicos del Archipiélago "que ya han tenido su convocatoria y sus bases, bastante más ventajosas que las que se proponen en el Sistema Nacional de Salud (las de Sanidad deben acordarse ahora en la Mesa Sectorial)".
Por último, la Confluencia suma otro gran argumento para encaminarse a la huelga. Sostiene que el planteamiento inicial del proceso de estabilización no garantiza la unidad de los equipos de trabajado que se vienen desarrollando a lo largo de los años. Para ello, el proceso debería celebrarse por gerencias, algo que el profesor Pérez Sánchez considera viable: "Es posible y no sería la primera vez que la comunidad autónoma de Canarias convoca procesos selectivos por gerencias. Bien porque existen precedentes y bien porque no lo prohíbe la norma (estatal), no veo ningún impedimento jurídico".
