Tribunales | Actualidad

El juez cita a declarar a funcionarios municipales por el 'caso escenarios'

En la causa permanece investigado el ex edil de fiestas, Andrés Martín Casanova por prevaricación

Andrés Martín Casanova / Grupo Enmascarada Carnaval

Santa Cruz de Tenerife

El magistrado del Juzgado Número 3 de Santa Cruz de Tenerife ha citado a declarar a los funcionarios que intervinieron en los procedimientos de contrataciones de los escenarios del carnaval durante el pasado mandato con Patricia Hernández, al frente de la alcaldía capitalina. Esta actuación judicial deriva de la actuación de oficio de la Fiscalía que en enero concluyó que procedía interponer denuncia contra el concejal de Fiestas, Andrés Martín Casanova, por un presunto delito de prevaricación administrativa.

Los hechos ocurrieron durante el mandato de la socialista Patricia Hernández, en coalición con Ciudadanos y con el apoyo de Podemos. Tras la denuncia del empresario Luciano Delgado, un expediente de información reservada encontró múltiples irregularidades en la contratación de los escenarios e infraestructuras por valor de 1,3 millones de euros. Se advirtió entonces de que se había fraccionado el objeto del contrato en múltiples contratos menores. Esto no sería posible dado que las prestaciones responden a una necesidad periódica. Dicho informe también puso de manifiesto la inexistencia de informes jurídicos en 13 expedientes analizados, por lo que el alcalde José Manuel Bermúdez encargó a los Servicios Jurídicos Municipales trasladar toda la documentación necesaria a la Fiscalía.

Contratación en bloque

Las Diligencias procesales de la Fiscalía que han derivado en la actuación del juzgado capitalino recoge así que resulta "reprochable a la Administración la falta de previsión (...) en cuanto al impulso del expediente originario que tenía por objeto una contratación en bloque" y concluye que "los diferentes expedientes mentados se adjudican a diversas empresas pero no consta que se hubiera asegurado una alteridad y reparto de los fondos públicos adecuada, pese a que todas las contrataciones contaron respaldo presupuestario y aquiescencia por el órgano de fiscalización".

El caso comenzó a investigarse en los tribunales en el año 2020, incluyéndose hasta 11 expedientes de contratación del suministro, instalación, mantenimiento y desmontaje de las estructuras del Carnaval a diferentes contratistas. El primero de estos expedientes se califica como "contrato mixto de suministro y servicio", recurriendo al "procedimiento de adjudicación abierto simplificado". En otros dos se emplea la figura de "contrato menor con adjudicación directa" y en el resto la contratación se declara "de urgencia".

 
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