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"Las cuantías son de miseria": Exigen elevar las pensiones no contributivas en 2023

La Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias denuncia que existe "poca transparencia" en la lista de espera

Una cuidadora acompañando a una pensionista / ser

Santa Cruz de Tenerife

La Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias denuncia que existe "poca transparencia" en torno a la lista de espera de las pensiones no contributivas. La polémica llegó hace unos días al Parlamento de Canarias, donde la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, reconoció "una desviación" entre los datos oficiales y los que maneja su área. Según Santana, hay 4.890 personas pendientes de resolución en el Archipiélago. Según el Imserso son 6.963.

La portavoz de la Asociación, Carmen Pérez Núñez, no se limita a las cifras. Asegura que "lo que sí sabemos es que llevan esperando algunas personas hasta más de un año por una pensión no contributiva" y que su cuantía "es de miseria". En consecuencia, la plataforma entiende que "hay que elevarlas mucho más de lo que han sido elevadas ya" para que "permitan vivir dignamente". El pasado mes de julio, el ejecutivo de Sánchez pactó con Bildu un incremento del 15 por ciento para estas pensiones.

Núñez ha explicado que el perfil de las personas beneficiarias de una pensión no contributiva (aquellas que no cumplen los requisitos de cotización pero que necesitan protección) "suele ser de muchas personas migrantes. Es decir, muchas personas que, por la situación de tener una Ley de Extranjería que no les permite tener unos papeles, no han podido cotizar. Han trabajado muchas de ellas en lo que hemos denominado nosotros siempre la economía sumergida".

La reforma de las pensiones, en el aire

A menos de dos semanas de que finalice el año, la reforma del sistema de pensiones (que exige la Unión Europea a España) continúa en el aire. En las negociaciones, hay tres aspectos clave enrocados: la subida de las bases máximas de cotización, el mecanismo de equidad intergeneracional y la ampliación del período de cálculo de la base reguladora. Respecto al último punto, el gobierno ha propuesto aumentar de 25 a 30 los años que se contemplan excluyendo los dos peores ejercicios retribuidos. Núñez considera que "eso viene a significar también una disminución de las cuantías, además de una dificultad añadida a muchas personas que no pueden, ni siquiera, llegar a los 25 años cotizados. Fundamentalmente son mujeres".

Es por ello que la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias rechaza la propuesta "totalmente". Sin embargo, se muestran favorables al 'destope' de las cotizaciones máximas ya que "hay personas que cobran más del tope establecido y que podrían cotizar más, indudablemente con una mayor cuantía de subvención que recibirían posteriormente".