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Lo que le debemos a Hayat: la mujer asesinada en Tenerife destapa los fallos del sistema contra la violencia machista

La deficiente protección a las víctimas termina en tragedia una vez más

Santa Cruz de Tenerife

Hayat tenía 46 años y cuatro hijos: dos de ellos de seis años y otros de 15 y 16. El pasado 8 de enero, su expareja y padre de uno de sus hijos, le asestó dos puñaladas que acabaron con su vida. El mayor de los hermanos resultó herido leve al intentar defender a su madre. La vida de Hayat, segada de un tajo por su asesino, fue un ejemplo de superación y tesón. Emigrante de origen marroquí aprovechó las oportunidades de estudio y de camarera de piso en un hotel del sur de Tenerife logró un puesto como recepcionista. Su agresor no quiso dejarla continuar con su sueño y la amenazó. Hayat presentó una denuncia el 28 de diciembre de 2022 y, siguiendo el protocolo contra Violencia de Género, su expareja fue detenido. Hayat había hecho lo más difícil, dar el paso y denunciar pero se echó atrás a la hora de ratificar su denuncia y su asesino quedó el libertad. Hasta ese momento, y ante los indicios que obraban en la denuncia, es sistema de vigilancia Viogen, estableció un nivel de peligro alto sin embargo, ese diagnóstico se rebajó a medio 24 horas antes de su asesinato porque Hayat había manifestado que estaba tranquila porque su expareja tenía previsto salir de viaje. Dos días después de Reyes, los sueños de Hayat se quebraron pasadas las doce de la noche y sus cuatro hijos quedaron huérfanos.

El asesinato de Hayat ha señalado una herida que sigue abierta en la sociedad y cuyo debate sigue candente y palpitante, tanto como la cifra de mujeres asesinadas. Según datos de la Delegación del Gobierno para la violencia de género, el año 2022 terminó con 49 asesinatos machista reconocidos, 85 casos en Canarias, que dejaron 38 huérfanos menores de edad. Desde que comenzaron las estadísticas en 2003, se han producido 1.182 asesinatos machistas.

El caso de Hayat no es el único en el que existían denuncias previas pero no Orden de Protección. De hecho los datos son significativos, el 50 por ciento de las mujeres asesinadas en España había presentado denuncia. Esto ejemplifica que algo falla en el sistema judicial a la hora de salvaguardar la seguridad de las víctimas de violencia de género. En este sentido, la estructura está diseñada pero ¿falla el mecanismo o quien lo aplica?

Denuncias previas y medidas de protección

El sistema judicial y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado cuentan con dos herramientas fundamentales para prevenir los casos de violencia de género. En primer lugar las denuncias. En este punto, se ha experimentado un sensible aumento de denuncias presentadas no solo por las víctimas sino también por terceras personas que son conocedoras de un caso de violencia de género, dan el paso al frente y denuncian. De hecho, las denuncias por presunta violencia machista presentadas en los órganos judiciales de Canarias durante el segundo trimestre de 2022 aumentaron un 4,2% respecto al mismo periodo de 2021: de 2.280 pasaron a 2.376, según los datos difundidos por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Aún así, para una víctima de violencia de género no es fácil dar el paso. Así, las mujeres que son objeto de violencia de género tardan una media de nueve años en hacerlo.

Por otra parte, otra de las herramientas de prevención, es el mencionado Sistema de Protección de las Víctimas de Violencia de Género (Viogen). Se trata de una red de recursos de protección a mujeres que se encuentran en una situación de malos tratos y sus hijos. Este mecanismo establece en función de los indicios, dar garantías de protección y una respuesta rápida ante las agresiones, incluso sin necesidad de existir una denuncia previa. Con Hayat no funcionó.

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Ante la situación, tildada por el Ejecutivo central de "emergencia", las reacciones tanto en la judicatura como fuera de ella no se ha hecho esperar. La magistrada y miembro de la Asociación Internacional de Juezas, Gloria Poyatos inciden en la necesidad de revisar los sistemas de protección. "Hay que revisar el sistema Viogen. Es algo que se está promoviendo desde el Ministerio del Interior, es decir que las denuncias deben ser un elemento par aponer en marcha todas las cautelas posibles del sistema de protección y que eviten los desenlaces fatales que están ocurriendo. hay que poner le foco en el maltratador y buscar la manera de visibilizar a ese maltratador ya esas situaciones previas a las parejas futuras. Esto puede ser complicado a primera vista, pero todo es iniciar el camino de revisión de un sistema que si aporta un porcentaje tan elevado de víctimas que ya habían denunciado y que hemos dio incapaces de protegerlas, es que merece la pena de realizar una revisión a fondo". En la misma línea se muestran los colectivos como el Foro contra la Violencia de Género. Su portavoz Trini Jorge apuesta por la revisión de las políticas de protección y "afrontar un cambio porque estamos ante una verdadera situación de emergencia".

Formación de la judicatura

La última línea de defensa frente a los asesinatos machistas son las Órdenes de Protección. Dictadas por un juez y que implican un mayor control policial y una cobertura jurídica más amplia que cualquier otro mecanismo. En este punto, muchos juristas señalan que es necesario una apuesta decidida por la formación especifica de los jueces en materia de violencia de género. De nuevo la magistrada Gloria Poyatos incide en esta cuestión: "Son muchos los factores que inciden en las órdenes de protección y hay que asegurarse de la especialización y la formación adecuada de los jueces y juezas que toman esta decisión porque es sustancial y relevante de dar protección efectiva a la víctima cuando lo necesita".

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Según datos del Consejo General de Poder Judicial correspondiente al tercer trimestre de 2022, Tenerife fue la isla en donde mayor número de solicitud de órdenes de protección se desestimaron. De 184 se desestimaron 93. lo que, por ejemplo en el caso de los partidos judiciales de La Laguna y Güímar las desestimaciones se cifran en mas de 70 por ciento.

 
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