El juez decreta el ingreso en prisión del presunto asesino de Hayat

Santa Cruz de Tenerife

El juez ha decretado prisión comunicada y sin fianza para el hombre de 44 años que mató a Nayat, de 46 años, el pasado ocho de enero en el municipio de Adeje. Esta decisión se produce tras la declaración del investigado que permanecía bajo custodia policial en los calabozos de la Guardia Civil del citado municipio. A las nueve y tres minutos, esposado, camisa blanca y un pantalón de chándal, el presunto autor de los hechos entraba por una de las puertas laterales del juzgado. La autoridad judicial también ha tomado declaración al vecino que redujo al agresor evitando que pudiera atacar a los hijos de la víctima y al hijo de 16 años que resultó herido leve en el ataque. En cuanto a las denuncias previas, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha facilitado detalles de lo sucedido el 30 de diciembre cuando la mujer asesinada en la noche del pasado domingo compareció en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Arona, tras haber denunciado a su expareja por amenazas el 28 de diciembre en el puesto de la Guardia Civil de Adeje.

Al respecto, el TSJC ha precisado que, aunque se ha difundido que la víctima "no declaró" en sede judicial, lo cierto es que sí lo hizo, si bien en el curso de su declaración se acogió a su derecho a no prestar declaración contra su expareja. La mujer manifestó que el hoy investigado era su pareja sentimental, y explicó que esta relación había empezado en 2013, uniéndose ambos en matrimonio, y que fruto de esta relación tenían dos hijos. Añadió que en 2019 se habían divorciado y que habían "retomado la relación como compañeros de piso" en marzo de 2020. La mujer se acogió a su derecho a no prestar declaración contra el ahora investigado como presunto autor de su muerte "atendida la relación sentimental" con el mismo y al realizársele un ofrecimiento de solicitud de orden de protección, manifestó que no le interesaba "la adopción de medida alguna".

Igualmente, el juez le ofreció la posibilidad de emprender acciones penales y civiles y, según el TSJC, la mujer manifestó que renunciaba "a cuantas pudieran corresponderle", al tiempo que expuso que la renuncia la hacía "libre y voluntariamente” sin que —declaró—, “mediara amenaza o coacción alguna". Tras esta declaración, el representante del Ministerio Fiscal en las diligencias solicitó el sobreseimiento provisional de las actuaciones al no apreciar pruebas que permitiesen desvirtuar la presunción de inocencia del denunciado, lo que acordó la autoridad judicial con el informe favorable de la defensa y del abogado del investigado. Del mimso modo, el sistema de Vigilancia de Víctimas de Violencia de Género (Viogen) ´modificó, tan solo 24 horas antes el nivel de riesgo pasando de alto a medio.

¿Qué es el Viogen?

El sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género (VioGén), creado en 2007 por la Secretaria de Estado de Seguridad, ha recopilado desde entonces información de casi 709.000 casos y ha evaluado el riesgo de más de 633.000 víctimas para determinar la protección que necesitan. Interior y los responsables de las fuerzas de seguridad analizan ahora la información acumulada en este mecanismo pionero para estudiar los 49 asesinatos machistas de 2022 y el dramático comienzo de año, ya que varias de las víctimas estaban incluidas en el sistema. El último protocolo para la valoración del riesgo detalla el trabajo que deben realizar las fuerzas de seguridad para investigar cualquier caso de violencia de género, su obligación de denunciarlo de oficio si cuentan con indicios suficientes, aunque la víctima no lo haga y la necesidad de realizar un análisis pormenorizado de los riesgos para determinar el nivel de protección. Con toda la información recopilada e incluida en el Sistema VioGén, este asignará un nivel de riesgo -"no apreciado", "bajo", "medio", "alto" o "extremo"-, que podrá ser modificado al alza por los agentes si lo consideran necesario para proteger mejor a la víctima. El resultado se comunica al juzgado y al fiscal en un informe automatizado que se incluye en el atestado policial.

Según el protocolo actualizado en 2019, al presentarse una denuncia o tener conocimiento de un caso, se procede a identificar a víctima y agresor y a consultar el sistema por si estuvieran ya dados de alta. A fecha 30 de noviembre había 74.656 casos activos y más de 634.000 inactivos Cada nivel de riesgo lleva aparejadas medidas policiales específicas de aplicación obligatoria e inmediata. En los casos en los que ese riesgo es "no apreciado", los agentes se centran en informar a la mujer de los recursos disponibles a los que puede acudir y acceder.

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Niveles de protección

Cuando el sistema determina un nivel de riesgo "bajo", se facilitará a la mujer un teléfono de contacto permanente y se realizarán contactos telefónicos o personales de manera discreta y acordados con la víctima. Se intentará conocer a través de ella las resoluciones judiciales del caso, ya que pueden aumentar el peligro para la mujer y exigir una mayor protección. Los agentes deberán informar al agresor de que su caso se encuentra sometido a control policial; si tiene armas, iniciarán el proceso para retirárselas; y controlarán puntualmente la información penitenciaria en el Sistema VioGén para conocer sus posibles salidas de prisión.

Con un nivel de riesgo medio, aumentan las medidas y se plantea si es necesario el ingreso de la víctima en un centro de acogida. Se establecen controles ocasionales en su domicilio, en el trabajo y en los centros escolares de los hijos y se insta a la Fiscalía a asignar un dispositivo telemático de control al agresor. Con un nivel de riesgo alto, y si no está localizado el agresor, se debe invitar a la víctima a ir a un centro a acogida o a cambiar de domicilio y los controles sobre la vivienda o el lugar de trabajo serán frecuentes. Se realizarán también controles aleatorios del agresor, contactando además con personas de su entorno. La protección de la víctima en los casos de riesgo "extremo" será permanente y, si es necesario, también se vigilarán las entradas y salidas de los hijos en el colegio, además de establecer un control exhaustivo sobre el agresor.