Sobre la corrección de sentencias

Santa Cruz de Tenerife
La sentencia que puso punto y final al caso de Las Teresitas cerró con toda legitimidad el proceso más importante de la historia democrática de Canarias. aquél juicio modificó las formas de hacer política en la capital, Santa Cruz de Tenerife, y las relaciones de poder en la isla. Zerolo, que fuera alcalde durante 16 años, y era considerado el político con más futuro para asumir el liderazgo en la isla, resultó completamente alejado del partido para el que ganó tres mayorías municipales –gracias al voto de miles de santacruceros-, incluso con el ‘caso Teresitas’ ya judicializado y con la compraventa del frente de playa suspendida por el Supremo. Su partido le sustituyó por el actual alcalde, José Bermúdez, e inició una depuración de concejales y funcionarios zerolistas. Tenerife es hoy una sociedad muy distinta a la que vio surgir el escándalo: el poder empresarial no se concentra como antes en pocas manos, las entidades financieras ya no actúan bajo presión política, los medios son más críticos con la corrupción y el rechazo y denuncia de la golfería ha logrado establecer controles –a veces asfixiantemente burocratizados- en el gasto público. Un ‘pelotazo de libro’ como el de Las Teresitas sería hoy más difícil
La modificación de las consecuencias penales del delito de malversación, reformado por la vía de urgencia por exigencia de los socios catalanes del Gobierno, puede reabrir de forma inesperada un concreto caso ya cerrado. Los condenados por Las Teresitas van a exigir revisión de sus condenas, e incluso plantean –supongo que de boquilla, porque lo que pretenden es imposible-, que la Justicia les indemnice por haber aplicado la ley vigente cuando fueron juzgados. Es probable que el cambio de la ley acabe provocando miles de revisiones de sentencias por malversación, repitiendo el escándalo de la ley del ‘Sí es sí’. Es probable también que en los próximos meses y años miles de personas condenadas a graves penas por malversación, logren la revisión y rebaja de sus condenas. La responsabilidad de que cientos de malversadores salgan de prisión –como ha ocurrido con los delincuentes sexuales- será de quien está dispuesto a hacer lo que sea por seguir mandando.




