Investigarán al juzgado que instruyó el asesinato y descuartizamiento de Romina en Lanzarote
Admite la queja de la Acusación Particular quien también critica al TSJC y el excesivo uso de recursos de la Defensa para dilatar el proceso

Emilia Zaballos reitera dilaciones en el Caso Romina
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Arrecife
El Juzgado de Instrucción número 1 de Arrecife, capital de Lanzarote, será investigado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras haber admitido la queja presentada por Emilia Zaballos, abogada de la acusación particular y de la familia de la joven paraguaya Romina Celeste Núñez a quien presuntamente asesinó, descuartizó y quemó en una barbacoa su marido Raúl Díaz. Tal y como ha adelantado este miércoles El País, se atiende la petición realizada por Zaballos quien ha venido denunciando presuntas dilaciones en la instrucción de este caso, hasta el punto de que se tuvo que poner en libertad al marido de Romina al haberse cumplido el plazo máximo de cuatro años de prisión preventiva sin que se hubiera fijado fecha para el juicio.
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La abogada ha criticado también la actuación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ya que señala que nunca se activó la correspondiente alerta que debe "lanzarse" cuando se cumplieron dos tercios de la permanencia máxima del acusado en prisión, ni se se notificó en los documentos que se trataba de "una causa con preso".
Por otro lado, Zaballos explica que se llegó a producir una situación "muy grave" con una prueba psicológica solicitada sobre el estado mental del marido de Romina. Además de recalcar que se demoró hasta dos años, apunta que la perito encargada de realizarlo terminó elaborando una pericial sobre la joven asesinada. Añade que tras la "alarma" que se creó por esta situación, la peritó retiró su propio informe y afirmó que se trataba de "errores mecanográficos" y que "se había confundido" y explica Zaballos que todo esto "lo permitió la jueza de instrucción de Arrecife".
La abogada recuerda que también ha presentado una queja ante el Consejo General de la Abogacía de España y la propia Fiscalía, pues entiende que la defensa de Raúl Díaz ha podido utilizar "con mala fe y temeridad" un excesivo uso de los recursos y medios que pone la Justicia en manos de los abogados "para dilatar el procedimiento".




