Derechos Sociales no actualiza el pago a las empresas de servicios a los dependientes y los afectados pierden parte de las horas de ayuda
Una tinerfeña denuncia que su hermana con un 90% de discapacidad se queda solo con 5,5 horas a la semana de asistencia de las 7,5 que recibía
El número de dependientes atendidos aumenta en la región, según el Observatorio. / GETTY Images
Santa Cruz de Tenerife
A partir del 1 de abril la congelación de las tarifas por parte del Gobierno de Canarias, a las empresas que se encargan de prestar los servicios derivados de la Ley de la Dependencia, va a generar una situación que preocupa a decenas de familias. Ana Cristina, hermana de una mujer de 50 años con más del 90% de discapacidad, denuncia que se ha visto afectada por la congelación de las ayudas por parte de la Consejería de Derechos Sociales, ya que supone que la empresa que les presta el servicio ha pasado de asignarles 7 horas y media a tan solo cinco y media.
Lamenta que ya la ayuda que recibía ya era raquítica, y que todos los que las solicitan se ven obligados a luchar y esperar durante mucho tiempo por obtenerlo.En concreto, señala que con la asistencia que recibía sólo daba tiempo a que asearan a su hermana, ya que va muy despacio y se mueve con mucha dificultad, de manera que ahora probablemente, ni siquiera eso será posible.
"Me asombra que la Consejería nos deje en manos de las empresas y no tenga nada que decir"
Aumentos salariales
Las empresas (en el caso que hemos conocido, el servcio lo presta Asistencia Canaria) ya se han puesto en contacto con ellas y les han comunicado que por razones ajenas a la empresa (la congelación de las tarifas de dependencia y la subida aumento salarial de nuestros trabajadores por convenio colectivo) se ven en la obligación de recalcular las horas de servicio para poder cumplir con las obligaciones laborales.
Los familiares han montado en cólera no contra la empresa y sí contra la consejería de Derechos Sociales. Aseguran que es vergonzoso que las consecuencias de una mala gestión lo paguen los más vulnerables y los que más lo necesitan.
Sin alternativas
En todo caso, señala que comprende que las trabajadoras de la empresa tienen derecho a que se les aumenten sus salarios y que a la empresa no le cuadren las cuentas si el Gobierno no les actualiza las aportaciones económicas que les realiza por la prestación del servicio, pero lamenta que no se les ofrezca ninguna alternativa. Además, expresa su asombro ante la inacción por parte de la Consejería. "¿Es que no tienen nada que decir", se pregunta.