Canarias dicta las primeras sanciones por residir en apartamentos turísticos
El Ejecutivo regional ha sancionado esta legislatura a seis propietarios de apartamentos turísticos que los utilizaban como su casa o segunda residencia, en lugar de alquilarlos
La playa de Torviscas, en el municipio de Adeje (Tenerife), es una de las ubicaciones preferentes de los británicos en Canarias / Getty Images
Canarias
Una canaria se ha convertido en la primera persona sancionada en España por utilizar como vivienda habitual su apartamento en zona turística. Es lo que asegura la plataforma de afectados por la Ley Turística que preside Maribe Doreste. Denuncian que esta mujer, ya jubilada, está haciendo ahora uso de su apartamento -del que es propietaria desde hace 30 años y que nunca ha estado en explotación- como residencia habitual y esto le ha supuesto una sanción del Gobierno canario.
En total son seis las sanciones que ha dictado el Gobierno de Canarias durante esta legislatura contra los dueños de apartamentos de complejos turísticos que no quieren alquilarlos, sino usarlos como su casa o segunda residencia. Son las seis primeras de un conflicto legal derivado de la Ley Turística de 2013. Se trata de expedientes tramitados entre los años 2020, 2021 y 2022, cuyos protagonistas han recibido sanciones que van desde 2.253 a 9.015 euros por infracciones “muy graves” de la legislación de Canarias, que obliga desde 2013 a dedicar esos inmuebles al uso turístico establecido por el planeamiento, por más que el afectado invoque su derecho a la propiedad para intentar darle un uso residencial.
El Parlamento de Canarias acuerda definir las zonas turísticas saturadas
Para evitar más sanciones como esta, la Plataforma ha pedido que se modifique la actual Ley turística y así lo han reclamado en la Cámara con una iniciativa popular. El Parlamento de Canarias la aprobaba el pasado 29 de marzo, a petición del grupo parlamentario Sí Podemos Canarias, con el objetivo de definir las zonas turísticas saturadas de las Islas y regular el impacto del turismo en la población local. Los de la formación morada defendieron que la aplicación de esta norma en otras comunidades ha permitido prohibir la instalación de nuevas plazas alojativas. La propuesta ha contado con el voto a favor de todos los partidos que conforman el Gobierno regional, PSOE, Podemos, ASG y Nueva Canarias, y el rechazo de PP y CC.
Sin embargo, al haber tenido lugar el día 29 de marzo la celebración del último pleno regional, queda pendiente para la próxima legislatura. A los procesos de residencialización de los inmuebles turísticos se opone frontalmente la patronal turística al entender que lastrará la actividad económica de las Islas y atenta contra el principio legal de explotación
