Protección de Datos sanciona a dos ayuntamientos canarios por incumplir la Ley
El ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y el de Arrecife de Lanzarote han recibido sanciones de apercibimiento ante el incumplimiento de las obligaciones legales en materia de protección de datos

Noelia García Leal y Ástrid Pérez, alcaldesas de Los Llanos de Aridane y Arrecife / Cadena SER

Canarias
La Agencia Española de Protección de datos ha impuesto una sanción al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane por cometer una infracción recogida en el artículo 37 del Régimen General de Protección de Datos. Se trata de una sanción de apercibimiento, después de que la Agencia de Protección de Datos haya intentado hasta en dos ocasiones que el consistorio que dirige la portavoz del Partido Popular en Canarias, Noelia García Leal, nombrara a un responsable delegado de protección de datos. Al no obtener respuesta, la Agencia acordó iniciar un procedimiento sancionador, tras advertir al ayuntamiento de que el incumplimiento podía dar lugar al ejercicio de las potestades de investigación y sancionadoras de la Agencia.
En la misma situación se encuentra el ayuntamiento de Arrecife, siendo las dos únicas instituciones que figuran en el listado hecho público por primera vez en la Agencia Española de Protección de Datos de Administraciones Públicas incumplidoras con sus requerimientos. Los dos consistorios tienen ahora el plazo de un mes para acreditar el nombramiento de un delegado de protección de datos y cumplir con la Ley. El listado recoge las entidades públicas que no cumplen con los requerimientos de información remitidos por la Agencia, así como aquellas que no adecúan el tratamiento de datos a la Ley.
Las Administraciones gestionan datos de carácter personal
"Las Administraciones Públicas actúan como responsables del tratamiento de datos de carácter personal y, en ocasiones, ejercen funciones de encargados del tratamiento por lo que les corresponde, siguiendo el principio de responsabilidad proactiva, atender a las obligaciones que el Régimen General de Protección de Datos detalla, entre las que se incluye la de nombrar un delegado de protección de datos, hacer públicos sus datos de contacto y comunicarlo a la Agencia Española de Protección de Datos", puede leerse en la resolución de procedimiento sancionador a la que ha tenido acceso la Cadena SER. "Las notificaciones fueron recogidas por el Ayuntamiento, sin que se recibiera respuesta alguna", se indica en ambos consistorios.
Es la primera vez que se publica el listado de los incumplidores
La lista está compuesta por Administraciones Públicas que no cumplen con los requerimientos de información remitidos por la Agencia, así como aquellas que no adecúan el tratamiento de datos a la legalidad y no acreditan las medidas correctivas impuestas. Tanto la falta de respuesta a los requerimientos como no acreditar que se han cumplido las medidas ordenadas para garantizar la protección de datos de los ciudadanos suponen infracciones clasificadas como muy graves. Entre esas administraciones que no han cumplido las órdenes de la Agencia, destacan entidades locales de más de 20.000 habitantes a las que se les ha requerido que nombren un Delegado de Protección de Datos (DPD). Al no cumplir con la orden remitida, la Agencia inicia un procedimiento sancionador contra estas administraciones por no atender el requerimiento de la Agencia.
El papel del Delegado de Protección de Datos
La obligación de nombrar un DPD, establecida en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) para autoridades u organismos públicos, supone disponer de un asesoramiento y supervisión especializada en materia de protección de datos, entre otras funciones, además de ofrecer una vía de contacto a los ciudadanos para que puedan obtener una respuesta adecuada a sus cuestiones. Transcurridos casi cinco años desde la aplicación del RGPD, aún son varias las entidades locales que siguen sin nombrar DPD y comunicar a la AEPD su designación, además de no cumplir con los requerimientos enviados. El nombramiento de Delegado de Protección de Datos y su comunicación a la Agencia suponen una obligación para las autoridades u organismos públicos incluida en el artículo 37 del Reglamento. La falta de cumplimiento supone una infracción calificada como grave.

Javi Rodríguez
(La Palma, 1991) Periodista vinculado a la Cadena SER en Canarias desde el año 2009, apasionado de los...




