El edil Alfredo Gómez lleva a Santiago Pérez al Tribunal Supremo por prevaricación y malversación de caudales públicos

Santa Cruz de Tenerife

El ex edil de Transparencia en el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna Alfredo Gómez, ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo por la comisión de los presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y contratación encubierta contra el concejal de urbanismo lagunero, Santiago Pérez. En la querella que fue presentada este martes y a la que la SER ha tenido acceso, se relata cómo desde el 30 de junio de 2022 se instituyó una Comisión de Investigación de la contratación menor durante el periodo 2011-2022. Debido a que la documentación relativa a los contratos no fue entregada en tiempo y forma, prosigue la querella, se solicita un informe a la Secretaría General del Pleno e Intervención del Ayuntamiento- Finalmente, el secretario, Octavio Fernández Hernández, emitió u informe en febrero de 2023 en el que concluye que "los contratos menores y de suministros "incurren en fraccionamiento del objeto el contrato legalmente establecido de la licitación pública están viciados de nulidad de pleno derecho". Además, según se recoge en la querella se advierte que los contratos superaron el plazo de un año y que fueron prorrogados tácitamente y que se debió realizar una licitación pública publicada en la plataforma de contratación para garantizar la concurrencia de cualquier empresa de servicios".

Un total de 13 contratos bajo lupa

En la querella se explicita que los contratos en los que se han detectado irregularidades corresponden al periodo de 2020- 2022 consistentes en la contratación y redacción del proyecto El Rodeo y la Vega, suministro y montaje del stand para el mercadillo Comarca Nordeste y la asistencia técnica para la elaboración de una guía turística por un importe de más de 100.000 euros. En el documento judicial se recuerda que Santiago Pérez García "lleva más de 30 años desempeñando labores políticas en las que ha llevado a cabo una labor de oposición activa fiscalizando de forma minuciosa la contratación de los diferentes gobiernos, así como su formación jurídica, resulta imposible tan si quiera plantear que no tenía conocimiento de la irregularidad o que la conducta no es fruto de una voluntad clara de actuar al margen del ordenamiento jurídico para ocasionar un resultado injusto al anteponer su voluntad personal al interés público. Por todo lo expuesto, solicitamos que se investigue la posible existencia de varios delitos de prevaricación administrativa, contratación encubierta y malversación de caudales públicos todo ello en el marco de las acciones descritas en la querella". La cuantía de los contratos asciende a más de 170.000 euros.