El Tribunal Supremo pide documentación al Senado tras la querella contra el concejal Santiago Pérez por prevaricación

Santa Cruz de Tenerife

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha solicitado al secretario de gobierno del Alto Tribunal, la certificación acreditativa de si Santiago Pérez ostenta actualmente de la condición de senador del PSOE por la Comunidad Autónoma. Esta diligencia con fecha del martes 30 de mayo, se produce tras la presentación de una querella por parte del concejal no adscrito en funciones en el Ayuntamiento de La Laguna, Alfredo Gómez, contra el también edil en funciones y responsable del área de Urbanismo, Santiago Pérez, por la presunta comisión de los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y contratación encubierta. De esta forma, la diligencia emprendida por la Sala Segunda del Supremo, instancia judicial encargada del procesamiento de este tipo de casos en donde hay políticos aforados, supone el primer paso preceptivo antes de decidir si se admite o no a trámite la querella presentada.

En la querella, a la que la SER ha tenido acceso, se relata cómo desde el 30 de junio de 2022 se instituyó una Comisión de Investigación de la contratación menor durante el periodo 2011-2022. Debido a que la documentación relativa a los contratos no fue entregada en tiempo y forma, prosigue la querella, se solicita un informe a la Secretaría General del Pleno e Intervención del Ayuntamiento- Finalmente, el secretario, Octavio Fernández Hernández, emitió u informe en febrero de 2023 en el que concluye que "los contratos menores y de suministros "incurren en fraccionamiento del objeto el contrato legalmente establecido de la licitación pública están viciados de nulidad de pleno derecho". Además, según se recoge en la querella se advierte que los contratos superaron el plazo de un año y que fueron prorrogados tácitamente y que se debió realizar una licitación pública publicada en la plataforma de contratación para garantizar la concurrencia de cualquier empresa de servicios".

Contratos

En la querella se explicita que los contratos en los que se han detectado irregularidades corresponden al periodo de 2020- 2022 consistentes en la contratación y redacción del proyecto El Rodeo y la Vega, suministro y montaje del stand para el mercadillo Comarca Nordeste y la asistencia técnica para la elaboración de una guía turística por un importe de más de 100.000 euros. En el documento judicial se recuerda que Santiago Pérez García "lleva más de 30 años desempeñando labores políticas en las que ha llevado a cabo una labor de oposición activa fiscalizando de forma minuciosa la contratación de los diferentes gobiernos, así como su formación jurídica, resulta imposible tan si quiera plantear que no tenía conocimiento de la irregularidad o que la conducta no es fruto de una voluntad clara de actuar al margen del ordenamiento jurídico para ocasionar un resultado injusto al anteponer su voluntad personal al interés público. Por todo lo expuesto, solicitamos que se investigue la posible existencia de varios delitos de prevaricación administrativa, contratación encubierta y malversación de caudales públicos todo ello en el marco de las acciones descritas en la querella". La cuantía de los contratos asciende a más de 170.000 euros.

"Francotirador" y "lacayo" de CC

Por su parte, cabe recordar que Santiago Pérez ha negado las acusaciones de Alfredo Gómez a quién tildó de "francotirador" y lacayo" de CC y atribuyó la supuestas irregularidades a la falta de pericia del ex secretario del consistorio lagunero. "Todos los decretos a los que hace referencia esa querella, basada en un informe del ex secretario del Pleno, Octavio Manuel Fernández Hernández, son del área de Desarrollo Rural y en el mismo informe confunde e identifica sin más la existencia de dos decretos en el mismo procedimiento de cada contratación con la existencia de dos contratos. Algo que hubiera sido tan sencillo de evitar, como destaca el jefe de servicio, con una simple consulta a cada expediente. Pero el ex secretario se limitó a sumar a ojo de buen cubero todos los Decretos de cada contratación como si fueran adjudicaciones diferentes y sumar las referencias al mismo y único precio de cada contratación, para llegar a la conclusión de que se habría superado el límite legal establecido para la contratación menor, de adjudicación directa. Ha cometido, por tanto, un grave error por una negligencia inexcusable que tendrá que corregir y que ha servido al francotirador de CC, que tampoco se tomó la molestia de consultar los expedientes", señaló Pérez en un comunicado.