Los sindicatos de inquilinos piden controlar las trampas que vulneran la Ley de Vivienda: "Es muy light"

Santa Cruz de Tenerife

Ha quedado prácticamente opacada por las elecciones del 28 de mayo, pero la primera Ley de Vivienda de la democracia ya ha entrado en vigor. La norma, aprobada con polémica, incluye importantes novedades para los alquileres. El tope a las subidas en la actualización anual de contratos queda definido para los próximos años, situándose en un 2% este 2023 y en un 3% para 2024. A partir de 2025 entrará en vigor un nuevo índice de referencia que sustituirá al ÍPC.

También se sientan las bases para la declaración de las zonas tensionadas. Deben ser las comunidades quienes lo hagan en dos supuestos: el primero, cuando la carga media del coste de la hipoteca o el alquiler (más los gastos y suministros básicos) supere el 30 por ciento de la renta media de los hogares. El segundo, cuando el alquiler o la compra de la vivienda haya aumentado tres puntos por encima del Índice de Precios de Consumo en los cinco años anteriores.

Sin embargo, y solo cinco días después de la entrada en vigor, las asociaciones advierten sobre el previsible fracaso de la norma en varios de sus puntos. No solo por el auge político del Partido Popular en distintas comunidades y su oposición abierta a la Ley. También por la falta de mecanismos de control. Y es que la vulnerabilidad económica y la escasez de oferta inmobiliaria puede llevar a los usuarios a aceptar incrementos anuales del alquiler superiores al tope fijado. A esto, el Sindicato de Inquilinas de Tenerife suma otro punto que, a su juicio, es previsiblemente vulnerable: la obligación de que los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato corran a cargo del propietario.

Víctor Martín, su portavoz, asegura que "si está buscando una vivienda y la necesita urgentemente, ¿Qué le garantiza al inquilino que el propietario, habitualmente gran tenedor, no le va a hacer pagar ese mes de inmobiliaria?". Asimismo, carga contra el Gobierno central al considerar que los usuarios se encuentran ante una "ley light que no entra en el fondo" del problema.

Frente a las dudas y quejas, los sindicatos ya aconsejan a los inquilinos "para que no pierdan la vivienda" que firmen el contrato de arrendamiento y "ya después denunciar que han cobrado el mes". Y concluye con ironía: "Imagínese qué garantista es la Ley (...) Tenemos que prepararnos para conocer los vericuetos de los dos o tres artículos que pueden beneficiar mínimamente a las familias".

Martín añade que el cambio en las obligaciones de inmobiliaria "se ha vendido como el gran titular de la Ley de Vivienda pero, ¿Qué supone? Supone que a lo mejor, a lo largo de 5 años de un contrato, te ahorras 8 euros al mes" y se pregunta si "¿Eso va a solucionar el problema de los alquileres? Generalmente para las familias más pobres, que son las que tienen un problema claro de acceso a la vivienda".

Los alquileres se disparan en la última década

Víctor Martín también ha hecho referencia a un reciente estudio de Fotocasa e Infojobs que concluye que el alquiler se ha incrementado un 85 por ciento en diez años frente a un escaso aumento de los salarios del 6 por ciento. El informe también cifra en un 1,6 por ciento la pérdida de poder adquisitivo de los canarios en los últimos cinco años.

Al respecto, el portavoz sindical sostiene que "en este contexto actual, de estancamiento de los salarios, el acceso a la vivienda va a ser tremendamente difícil para los jóvenes y para las familias que cobran mil euros o el Salario Mínimo Interprofesional", llegando a calificarlo de "inviable".