Las graves deficiencias de gestión persistieron en otros centros de menores migrantes tras el cierre de Porto Bello

Las Palmas de Gran Canaria

Según el relato de este empleado de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, que trabajó tras el cierre el 14 de julio de 2021 los polémicos apartamentos Porto Bello, la mala gestión continuó en otros centros. Los menores migrantes fueron derivados entonces a nuevos dispositivos de emergencia, Acoran, El Tablero y Guiniguada en Gran Canaria. En este último recurso fueron los más pequeños y menos conflictivos.

Aún así persistieron las carencias, con centros saturados donde, sólo en El Tablero llegaron a convivir catorce niños en una sola habitación. Este empleado, que prefiere mantener el anonimato, confirmó a La SER esas graves deficiencias recogidas en la querella de la Fiscalía en centros como Acorán donde se llegaron a congregar más de un centenar de niños que se quejaban de la escasez y calidad de la comida, con menús que repetían exactamente igual cada semana, por lo que la mayoría optaba por hacerse su propia comida en las habitaciones.

No había utensilios de cocina, ni cucharas, ni tenedores, ni vasos. No había personal suficiente para realizar programas de intervención individualizados debido a la saturación de los centros y al escaso número de profesionales especializados. De hecho, se llegaron a contratar personas sin titulación, que en algunos casos ni siquiera tenían la ESO o habían sido contratados como interpretes por su conocimiento del árabe pero apenas sabían leer o escribir correctamente. No existía un trabajo con los chicos, se lamenta este trabajador, el objetivo era que cumplieran los 18 años, aunque hubo momentos en los que llegaron a compartir centro chicos de 25 años con niños de 13.

Costosos alquileres

Todo eso en una casa que la Fundación Social Siglo XXI pagaba al arrendatario un alquiler mensual de 35.000 euros con un plazo de duración de dos años prorrogables, cuando el Ministerio Público en su escrito, asegura que en comparación con otros centros de similares características y en mejores condiciones el precio de alquiler ronda entre los 5.000 y los 6.000 euros.

También el Defensor del Pueblo concluyó, tras una visita en septiembre de 2022 la "inadecuación de las instalaciones para albergar a menores, graves carencias de la limpieza, así como mantenimiento de las mismas".

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La única mejora que supuso el cierre de Porto Bello, según este trabajador, fue la introducción de normas que no existieron hasta ese momento. Ni horarios, ni limpieza. Al menos en los nuevos centros los chicos lavaban su ropa y no tiraban la lavadora, se lamentó este trabajador, como llegó a ocurrir en los polémicos apartamentos de Puerto Rico, habilitados como recursos de emergencia para los niños llegados en pateras. Por último, asegura que ninguno de los chicos que en aquel entonces pasaron por estos dispositivos de emergencia terminaron en hogares como suele ser habitual y donde se les realiza una atención más especializada para su integración social.

Desvío de fondos

La Fiscalía Anticorrupción investiga desvíos de fondos públicos de más de 41.000 euros destinados de los dispositivos de emergencias para menores migrantes a cuentas privadas de cuatro directores de estos centros gestionados por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI y que fueron cerradas por la entidad financiera tras movimientos sospechosos.

De hecho, según la querella a la que ha tenido acceso la SER, el Ministerio Público considera que existen indicio de alto potencial e incriminatorios en la gestión por de este recurso asistencial ubicado en Arrecife como por ejemplo que el 60 por ciento de los fondos recibidos para su administración(más de medio millón de euros) fueron extraídos directamente en efectivo detectándose además un total de siete transferencias desde la cuenta del centro, en beneficio de la cuenta personal del director del centro Enrique Manuel Dévora por un importe de casi 5.000 euros si que se haya detectado "ningún pago realizado desde la cuenta personal que pudiera ser relacionado con los gastos del centro. Pero lo que más llama la atención al fiscal son una ingente cantidad de facturas relativas a gastos de higiene, limpieza y alimentación". Así entre los años 2019 y 2021 la factura total asciende a más de 199.000 euros gastándose el 35 por ciento del centro en concepto de compras de alimentación limpieza e higiene siendo una pequeña frutería la beneficiaria, frutería propiedad, hasta un reciente traspaso, de un hermano del subdirector del centro de menores.