Sobre la crisis de los sistemas eléctricos canarios

Santa Cruz de Tenerife

Si algo se aprende en la vida es que si algo malo puede ocurrir, es casi seguro que ocurrirá. En Tenerife y Gran Canaria hace falta producir un mínimo de 200 megavatios adicionales para cubrir la demanda, el 20 por ciento de la potencia que tenemos hoy. Y no hay forma de hacerlo, porque el Gobierno central considera que cualquier solución que se adopte fuera de una situación de emergencia, es ilegal o va en contra del derecho comunitario de libre concurrencia. Por eso, porque aquí no hay nadie que se tome las cosas en serio, las previsiones más optimistas son que si se al final se encuentra alguna empresa dispuesta a invertir a riesgo, para tardar años en amortizar la inversión o quizá no amortizarla nunca, la solución tardará un lustro. Cinco años consumiendo más potencia de la que producimos, y funcionando con equipos en las últimas.

Se arreglará, pero –por no hablar de lo que puede tardarse en levantar un cero en Tenerife o en Gran Canaria, producido por pérdida de funcionalidad de los grupos que producen la corriente- será mucho más caro reponerlos de lo que sería hacerlo si el Gobierno logra poner en marcha una licitación de urgencia o una adjudicación directa, como se hace tras una catástrofe. Como se hizo en La Gomera. Pero parece que es más fácil esperar a que miles de personas se vean perjudicadas por un apagón que provocará graves pérdidas en sus negocios y viviendas. Eso no tiene ningún sentido. Esto no es gobernar.