Fiscalía investiga al centro de discapacidad del Cabildo de Gran Canaria en Telde tras las denuncias por falta de higiene y golpes

Gran Canaria

La Fiscalía abrirá hoy diligencias de investigación para esclarecer lo ocurrido en el centro de atención a personas con discapacidad intelectual de San José de Las Longueras, después de que un grupo de familiares de personas con discapacidad que acuden a este centro, gestionado por el Cabildo, denunciaran en la SER que llegan a casa con golpes, con las sillas de ruedas rotas, con la ropa hecha girones, e incluso orinadas y con las prendas íntimas sin limpiar. También preocupa a estas familias que, según les ha comunicado la dirección del centro, a partir de ahora los dependientes beberán agua del grifo y no agua embotellada, -como ocurre en el resto de residencias de la isla-. Desde la institución insular defienden que las instalaciones han sido inspeccionadas y que no han detectado ninguna irregularidad.

El Ministerio Fiscal investigará lo ocurrido, solicitando a todas las administraciones implicadas que aporten los informes que sean necesarios para determinar si la actuación de los responsables de esta residencia es constitutiva de algún tipo de delito. La Fiscalía dispone ahora de un plazo para investigar al centro de personas con discapacidad intelectual. Si al finalizar la investigación, el Fiscal considera que hay indicios de delito, presentará ante el Juzgado correspondiente denuncia, y en ese momento se iniciará la instrucción judicial del procedimiento, que, a su vez, podrá desembocar en un escrito de acusación o no, dependiendo de las conclusiones de lo instruido.

"Se orinan encima y no les limpian ni el culo": la denuncia de los familiares

Un grupo de familiares de personas con discapacidad que acuden al centro especializado en San José de las Longueras, en Telde, denunciaron en la SER la situación que están sufriendo desde hace meses. "Las camisas rotas, rajadas, la ropa desteñida y encogida. Golpes, puntos, roturas en la silla o en las gafas", denuncia Raquel, una de las madres usuarias del centro. "No la dejan ir al baño, le dicen que está ocupado y cuando finalmente la llevan al baño ya se ha orinado encima", denuncia Nereida, otra de las madres. "En cuanto al culete, no se lo limpian. Le dirán: súbete y límpiate tú", añade.

Ampliar

Catorce puntos, rotura de menisco y de una arteria: uno de los incidentes

Además de Raquel y Nereida, una tercera familia ha querido hacer públicas las circunstancias que atraviesan sus familiares en el centro. "Un día se cayó y le dieron catorce puntos, se le rompió una arteria y la llevaron al Hospital Insular. Yo entiendo que son cosas que pueden pasar, lo que yo me pregunto es, ¿dónde está el cuidador de mi hija?", explica Amparo. "Empezó con caídas, me venía con moretones... pero nadie me decía nada", relata. "Un día vino con un hematoma en la rodilla, me la llevé al insular y se había lesionado el menisco y los ligamentos", añade Amparo.

La Plataforma Estatal de Familiares de Residencias pide más inspectores y medios

"Se está haciendo negocio con las persona dependientes", explica Paula Romero, portavoz en materia de discapacidad de la Plataforma Estatal de Familiares de Residencias. Romero pone el acento en la necesidad de incrementar las inspecciones sin previo aviso. "Las inspecciones se deberían hacer de forma aleatoria e ir tres veces en el mismo mes", propone Romero. "No se puede saber exactamente cómo está funcionando un centro si el inspector va con previo aviso, además, hay pocos inspectores", advierte.

Únete al canal de WhatsApp de la SER

Ampliar

La Plataforma pone el acento en la falta de personal y de inversión en los centros. "Hay falta de personal y cobra poco, les hacen trabajar muchísimo", explica Paula Romero. "Una plaza de una persona dependiente le cuesta el Cabildo de Gran Canaria unos cuatro mil euros", añade. "Además, los padres son muy mayores y a menudo tienen miedo a represalias y no tienen fuerzas para seguir adelante", añade. El Cabildo de Gran Canaria asegura que inspeccionó esta residencia hace quince días y no detectó irregularidades y anuncia que incrementará la vigilancia.

La empresa niega haber recibido ninguna queja formal de las familias

La empresa Grupo 5 que gestiona esta empresa desde octubre del año pasado niega que las incidencias se haya producido durante su gestión, según la versión recogida por el periódico La Provincia. "En este tiempo no hemos recibido ninguna denuncia ni queja formal por parte de familiares de usuarios". Tampoco, añade, han recibido "sanción o notificación de irregularidades por parte de las autoridades encargadas de realizar inspecciones periódicas. La última, hace apenas dos semanas, no detectó nada anómalo ni observó ninguna irregularidad en el servicio", recoge el rotativo.