"Si tuviéramos conocimiento de un caso de maltrato iríamos a la Fiscalía": Isabel Mena, consejera de Política Social del Cabildo de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria

"Si hubiésemos tenido conocimiento de un caso de maltrato habríamos ido a la Fiscalía", es lo que aseguró en la SER la consejera de Política Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena, tras la denuncia de un grupo de familaires de personas con discapacidad del centro de San Juan de las Longueras, en Telde, por presunto maltrato a algunos usuarios o falta de limpieza. La responsable de este área recuerda que la corporación insular cuenta con un servicio propio de calidad que fiscaliza los centros de atención a personas con discapacidad intelectual (CADI) y desveló que en lo que va de año se han realizado once inspecciones en ese centro.

Cualquier incidente queda registrado en un informe y, según asegura, hasta ahora no se ha detectado ningún caso de maltrato. Recordó que existen diferentes vías de comunicación con las familias " a través de las Ampas, y aparte los padres presentan quejas que son respondidas con un expediente indivicidaulizado por parte del cabildo. Por tanto, hay unas vías para saber lo que ocurre en cada momento en cada centro. Desde luego si hubiésemos tenido conocimiento de maltrato habríamos ido a la Fiscalía".

La investigación de la Fiscalía

A Mena no le preocupa se mostró preocupa la investigación inciada por la Fiscalía a raíz de las presuntas irregularidades denuncias por estas familias de usuarios desveladas esta semana en la SER. De hecho, enfatizó que el ministerio público " es un apoyo constante y la comunicación es habitual" para el Cabildo. "Cuando se ha actuado mal, y por supuesto si existiera un caso de maltrato, se actúa de forma inmediata.

De hecho citó como ejemplo un reciente incidente en el CADI ubicado en San Bartolomé de Tirajana por una agresión entre dos usuarios que fue notificado inmediatamente. Se realizó un informe técnico y médicos, notificando los hechos a la inspección del Cabildo, informes de todo el personal que intervino en el incidente, tomándose medidas -con el aislamiento de los internos- para evitar que hechos similares puedan volver a registrarse.

Obras de mejora

Admitió un retraso en las obras de acondicionamiento y mejora de algunos centros que justificó en la vuelta a la vuelta a la normalidad en los centros sanitarios "hace sólo unos meses", pero negó que se dejaran de ejecutar 6 millones de euros para infraestructuras sociosanitarias. "En 2023 esos seis millones de euros se han gastado porque todas las obras están en marcha". Ese dinero, según aseguró, está invertido y la consejera regional ha mostrado su predisposición a compensar esa situación administrativa.

También se refirió a la denuncia de los familiares sobre la decisión de la dirección del centro, a partir de ahora de dar a los dependientes agua del grifo y no embotellada, como ocurre en el resto de residencias de la isla. La consejera insualr aseguró que siempre ha habido agua embotellada en todos los centros y hubo un requerimiento a la empresa grupo 5, que gestiona cuatro CADI de la isla, para que se mantuviera a pesar de que, según admitió, no estaba en el pliego de condiciones del contrato pero el Cabildo daba por hecho que no hacía falta reflejarlo.