Escombros, basura y ratas; los vecinos de la costa de Arico están hartos

Santa Cruz de Tenerife

El municipio de Arico, en el sur de Tenerife, cuenta con 8.754 habitantes (a fecha de 2022) y acoge, en su territorio, el Complejo Ambiental de Tenerife (CAT), popularmente conocido como PIRS. Este centro, dependiente del Cabildo Insular de Tenerife, concentra todos los residuos recogidos en la Isla salvo el vidrio o el papel que siguen el camino trazado por los gestores específicos para su reciclado.

El proceso, a priori, sencillo. Los envases depositados en el contenedor amarillo, los envases y plásticos, llegan al Complejo Ambiental, concretamente a la Planta de Clasificación de Envases donde, mediante procesos mecánicos y manuales, se separan aún más en función del tipo de material del que estén hechos. Una vez clasificados, se prensan y se envían al exterior de la Isla para su reciclado en plantas específicas. En cuanto al resto de desechos, compuestos por materia orgánica y algunos residuos que, por su composición, no se han podido depositar en los contenedores de recogida selectiva, llegan en camiones al Complejo donde vierten su contenido en la Planta de Clasificación Todo-Uno, y de forma manual y mecánica, se separa la materia orgánica y todos aquellos residuos que pueden ser reciclados (papel, envases, vidrio, etc). Sin embargo, el porcentaje de residuos que se pueden aprovechar de la basura en masa en esta planta es relativamente bajo, puesto que al venir mezclados con materia orgánica su calidad no es la adecuada.

Los vecinos de La Jaca, La Listada o San Miguel de Tajao conviven cada día con los olores que desprende el centro de clasificación y los restos de basura que, por el viento, llegan a las costas del municipio o, en su defecto, se quedan en huertas, riscos o barrancos. Restos de invernaderos, microplásticos enganchados en la flora, papel o cartón que vuela hasta los fondos de los barrancos o botellas de plástico ligeras que se encuentran en cualquier terreno aledaño a la carretera general son algunos de los ejemplos que se pueden ver de camino a los pueblos costeros.

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La odisea no acaba ahí para los habitantes de la costa de Arico; sus contenedores, tanto de reciclaje como de residuos, están a reventar y, en su exterior, se acumulan restos de escombros, corcho, aceites, bidones de pintura, neumáticos o electrodomésticos. Un servicio de recogida de basura ineficiente que hace que, caminar por las calles, se convierta en evitar pisar ratas, alejar a gatos o escachar cucarachas. Diana es vecina de La Listada y propietaria del único establecimiento de la zona, un minimarket, que cuenta desde bolígrafos y material escolar hasta productos de higiene, siendo el comercio al que acuden algunos vecinos para los gastos del día a día.

"No hay condiciones para nada, vivimos en condiciones infrahumanas; ni recogida de basura, ni transporte público, los contenedores no tienen una zona específica, esto no hay por donde cogerlo", afirma Diana. Los enseres corrobora que "los recoge el servicio público del Ayuntamiento pero el problema son los neumáticos, los aceites y el escombro, que da vergüenza". Su negocio está justo en la entrada de La Listada y, desde su pequeña puerta, se observa cómo varios coches paran paralelamente a los contenedores y depositan todo tipo de basura, marchándose como si hubieran hecho lo correcto. Diana asegura que "hay ratas, gatos que paren por la zona y cucarachas para las que, a veces vienen, echan producto pero siguen, siendo imposible estar en verano aquí".

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La vecina comenta que "al ir a tirar los escombros al Complejo Ambiental, lo primero que le dan nada más entrar es el número de una cuenta bancaria para ingresar 60€ por depositar escombros o, de lo contrario, ir a Güímar". Por ello, atestigua que "todos los botan donde puede porque nadie va a pagar esa burrada de dinero por dejar escombros en el PIRS".

Asimismo, critica que hay "una indisciplina social en la zona, derivada de las personas que usan la zona de segunda residencia o de veraneo que, durante el tiempo de su estancia, hacen reformas o tiran mobiliario o electrodomésticos, y perjudican a quienes vivimos aquí todo el año".

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Auditoría a la empresa Urbaser

Para entender la gestión de residuos insulares, hay que trasladarse al 23 de marzo de 2021 cuando la institución insular, gobernada por el PSOE, adjudicó a la UTE Nivaria, en su mayoría participada por la empresa Urbaser, el Contrato de Gestión Insular de Residuos por un importe de 715 millones de euros por 15 años. Un contrato, un tanto polémico, tras haber perdido el servicio de recogida de basura y limpieza de Santa Cruz de Tenerife, la capital tinerfeña.

En declaraciones a Radio Club Tenerife, José Miguel Ruano, vicepresidente segundo y Consejero insular de Servicio Público del Cabildo de Tenerife, ha adelantado que "se va a hacer una auditoría de gestión a la empresa Urbaser para saber en qué medida el contrato y el dinero que los tinerfeños están abonando para su pago, se está cumpliendo debidamente". Ruano ha incidido en que "teniendo en cuenta la duración del contrato, el sentido es que realice determinadas inversiones que son imprescindibles para la buena gestión del sistema de residuos de Tenerife, concretamente cuestiones que tienen que ver con la separación y reciclado".

En este sentido, Ruano ha señalado que "al parecer las cuestiones previstas en el contrato, iniciado hace más de un año, no se han realizado". Por este motivo, ha hecho hincapié en que "hay una serie de vehículos que no parecen reunir las condiciones de ser vehículos modernos y de buena gestión de los residuos".

Respecto al Complejo Ambiental de Tenerife, ha aclarado que "las instalaciones no han recibido las inversiones necesarias y el Ayuntamiento de Arico, que ha realizado inspecciones con medios propios, informa al Cabildo Insular que hay quejas concretas y la empresa no realiza su labor". "El objetivo de la Auditoría es encontrar la verdad y ver qué pasa más allá de cuestiones que se aprecian", ha incidido.

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Por último, Ruano ha abierto la mano con la empresa adjudicataria y ha garantizado que "si es posible llegar a acuerdos para que modifique, rectifique y reordene su actividad en relación con el contrato, mejor porque siempre vale más un acuerdo que un pleito. Si no fuera posible, tendríamos que valorar todas las posibilidades que, en este marco, se dan dentro de la Ley de Contrato de Sector Público"