Sobre el 'lawfare'

Santa Cruz de Tenerife

Ni en el peor escenario se esperaba un acuerdo entre el PSOE y Junts que incluyera la aceptación del relato independentista, y todas las exigencias de Puigdemont, el hombre que representa al siete por ciento de los catalanes. Y no hay escapatoria: el PSOE ha presentado el pacto como un acuerdo para toda la legislatura, pero Puigdemont ha dejado claro que el apoyo a los Presupuestos, y a cada una de las leyes que el Gobierno lleve al Parlamento, queda condicionado a que el Gobierno cumpla los acuerdos suscritos por Santos Cerdán y Turull, desde la negociación sobre el referéndum de autodeterminación a la adaptación de la amnistía al lawfare, pasando por los compromisos de refinanciación y condonación de deuda.

Sánchez ha rendido al Estado: hace un par de días, el pronunciamiento del Consejo General del Poder Judicial contra la amnistía fue tildado de pataleta de los jueces conservadores. Ayer, las cuatro asociaciones judiciales, la Profesional de la Magistratura, la Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente y la progresista Jueces para la Democracia, suscribían al alimón un comunicado denunciando que el acuerdo entre Sánchez y Puigdemont supone en la práctica “someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes”. Es probable que en los próximas días Europa se pronuncie en el mismo sentido. Pero es inocente creer que los pronunciamientos judiciales o la censura de Europa ante esta crisis institucional, provocada por las cesiones al independentismo necesarias para la investidura de Sánchez, puedan cambiar sustancialmente la dirección del proceso actual de creciente deterioro de la convivencia en España. Y todo hace pensar que los próximos meses serán un insensato suma y sigue: porque Sánchez y el PSOE –hasta nuevo aviso- van a vivir secuestrados por la voluntad del hombre del 7 por ciento.