Sobre las declaraciones del Fiscal
Unas declaraciones de José Luis Sánchez Jáuregui, fiscal jefe en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, realizadas a Juan Carlos Castañeda, han provocado un verdadero terremoto, al descubrirnos la preocupación de la fiscalía ante la posibilidad de que una parte de los menores inmigrantes no acompañados que arriban a las islas en pateras y cayucos, lo hagan traídos directamente por las mafias que transportan a Canarias gente desde África, para ser sometidos a explotación sexual. Es ya lo que nos faltaba para terminar de trazar el recorrido de terror de miles de menores inmigrantes desde que salen de sus aldeas para alcanzar su sueño de una vida mejor en Europa.
Por supuesto, el fiscal no se ha referido a hechos concretos -que estarían siendo investigados si se conocieran- sino a meras sospechas. Pero esas sospechas son preocupantes: para Sánchez Jaúregui, la mayoría de las familias de los menores no se gastarían una pequeña fortuna (entre 2.000 y 5.000 euros, en el peor de los casos) para enviar a Canarias niños que difícilmente podrán devolver lo invertido en ellos en un plazo razonable.
Todo el asunto resulta repugnante y terrorífico, pero conviene recordar que no se basa en hechos comprobados, sino en posibilidades, sospechas o conjeturas. Quizá el fiscal quiere alertar sobre una hipótesis que le preocupa, y se queja de la falta de medios que impide hacer más para determinar si las sospechas son ciertas, y en qué medida. Porque no parece posible que este asunto pueda referirse a todos los menores, que pueda haber 4.000 niños a los que las mafias quieren explotar. Para que la alerta creada no quede solo en un titular más, deberíamos exigir a la fiscalía que actúe. Si es cierto que miles de menores pueden llegar a verse manejados y explotados por las mafias, no basta con dar la voz de alarma. Hay que hacer algo más.
