"Están proliferando barrios de chabolas en el sur": el drama habitacional se agrava en Tenerife

Santa Cruz de Tenerife

Hasta uno de cada tres hogares se encuentra en exclusión residencial en España. La vivienda no cumple su papel integrador y no pueden vivir en una casa adecuada. Es la principal conclusión de un informe que ha sido financiado por la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales, que también señala que el 60% de las familias tienen algún problema relacionado con la vivienda: suben los precios y disminuye el poder adquisitivo.

"Al contrario que en el anterior boom inmobiliario, donde había salarios más o menos adecuado, ahora los salarios están estancados. Apenas crecen con una inflación galopante. No se puede afrontar la compra de vivienda". Es el diagnóstico que realiza el Sindicato de Inquilinas de Tenerife. Su portavoz, Víctor Martín, explica que las consecuencias son ya evidentes por ejemplo en el sur de la isla: "En algunas zonas estamos viendo como están proliferando barrios de chabolas, algo impensable en la época anterior al Covid-19".

En Canarias, la crisis habitacional responde a meses de encarecimientos continuados. El precio de la vivienda libre subió un 4,5% en el tercer trimestre del año respecto al mismo periodo de 2022 según el Instituto Nacional de Estadística y ya roza los niveles alcanzados durante la burbuja inmobiliaria. Entre los meses de abril y junio, por ejemplo, el valor tasado medio se situó en los 1.733 euros por metro cuadrado. Esto son unos 100 euros menos que en 2008. En cuanto al alquiler, el piso tipo se situó en octubre en los 10,47 euros el metro cuadrado, un 2,5% más en términos mensuales y casi un 13% más en términos interanuales según la plataforma pisos.com.

"Eficacia prácticamente nula" de la Ley de Vivienda

El Sindicato de Inquilinas también alerta de la implantación de nuevas empresas de desokupación en Canarias "a medida que el Estado no da salida a crear un parque de vivienda adecuado". Sobre la Ley estatal de Vivienda, la primera de la democracia, Martín concluye que "ha tenido una eficacia prácticamente nula" porque "no se está trabajando en lo que se vendió en su día, en la declaración de zonas tensionadas. No se ha hecho nada al respecto".

Entre las preocupaciones inmediatas del sindicato se encuentra el fin del escudo social al término de 2023. A su juicio, "eso puede hacer que muchas familias a principios de año se puedan ir a la calle. No se van a contemplar las ayudas o la paralización de desahucios que hasta ahora había habido, que aún así se siguen llevando a cabo".

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