El Supremo investiga a Javier Armas, senador de El Hierro, por delitos medioambientales

Santa Cruz de Tenerife

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que declara su competencia y abre procedimiento al senador por El Hierro Aniceto Javier Armas González, de la Agrupación Herreña Independiente, ante la existencia de indicios de la comisión por dicha persona aforada de delitos medioambientales. El tribunal designa instructor de la causa, por el turno preestablecido, al magistrado Pablo Llarena. El Supremo recibió el pasado mes de noviembre una exposición razonada de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, informando del procedimiento en el que enjuicia al ahora senador y otras dos personas por delitos continuados en materia de medio ambiente.

En el curso de ese procedimiento, según la documentación remitida al Supremo, la Fiscalía presentó en julio de 2018 escrito de acusación contra Armas González en el que pide para él 11 años de prisión por delito contra los recursos naturales y el medio ambiente (4 años), continuado de prevaricación ambiental (4 años) y contra la ordenación del territorio (3 años).

En junio de 2023, la Audiencia de Tenerife señaló la celebración del juicio oral para los días 24 a 28 de octubre último. Tras acreditarse posteriormente la cualidad de senador por la circunscripción electoral de El Hierro de Armas González, la Audiencia remitió las actuaciones al Supremo por carencia de competencia sobrevenida para enjuiciar al senador Armas.

El Supremo, en su auto, constata indicios de la comisión de hechos delictivos por la persona aforada, y se declara competente para la instrucción y, en su caso, el enjuiciamiento del senador.

Inacción

De los tres vertederos, dos están gestionados por el Cabildo de El Hierro y el tercero se trataba en realidad de un centro de desguace y reciclado de vehículos que gestionaba otro de los acusados, en un procedimiento separado, el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de El Hierro y antiguo presidente de la Federación Regional de Cofradías, Fernando Gutiérrez.

Armas es acusado de inacción ante actuaciones que la Fiscalía considera contrarias a la normativa vigente en el momento. En el caso, que juzga hechos ocurridos algunos hace más de de 20 años, están acusados también la que fuera consejera del Cabildo Claribel González y una funcionaria de la institución, María Fabiola Ávila.