Los okupas de Playa Blanca dejan plantado al recurso preparado por el Cabildo de Lanzarote

Arrecife

Tras el desalojo de un centenar de familias con más de veinte menores a su cargo, que se produjo este martes en la localidad de Playa Blanca de Lanzarote, el Cabildo de Lanzarote habilitó el Aula de la Naturaleza de Máguez para dar cobijo temporal a 7 menores y 15 adultos del total de 99 personas afectadas por el desalojo ejecutado por orden judicial "ante el peligro de derrumbe de la urbanización que ocupaban".

La medida de urgencia se llevó a cabo de manera consensuada con el Ayuntamiento de Yaiza y afectaba únicamente a aquellas personas que no contaban con ninguna alternativa de alojamiento. Además, la institución contaba con la colaboración la ONG Emergencias Lanzarote (EMERLAN) para el traslado de estas 22 personas desde Playa Blanca hasta Máguez, así como con la del personal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Yaiza y el del Área de Inclusión del Cabildo para posibilitar eficazmente esta medida.

"toda la tarde poniendo al día el espacio junto al Consorcio de Seguridad y Emergencias y EMERLAN finalmente nadie sube"

Sin embargo y según ha informado el propio consejero de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, Marci Acuña, ninguna de las familias okupas se presentaron para hacer uso del recurso, "toda la tarde poniendo al día el espacio junto al Consorcio de Seguridad y Emergencias y EMERLAN finalmente nadie sube".

Acuña afirma que a las 14:00 h. de este martes, había 52 personas que les comunicaban que necesitaban un recurso, la cifra bajó a 22 personas a las 17:00 h., dos horas más tarde eran sólo 8 y finalmente, a las 20:30 h., nadie subió al Aula de la Naturaleza de Máguez.

Críticas de PSOE

Paralelamente a la preparación del recurso para los okupas por parte del Cabildo de Lanzarote, la portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo de Lanzarote, Ariagona González, reprochaba "la intolerable pasividad del Cabildo y el Gobierno de Canarias ante el desalojo de más de un centenar de personas, entre ellas 24 menores, en Playa Blanca".

Ariagona González: «este desalojo, basado según advierten las actuaciones judiciales en el riesgo de derrumbe de las viviendas, puede ser inevitable, pero lo que sí se puede y debe evitar es el drama que supone para las familias afectadas»

González afirmaba que este desalojo, basado según advierten las actuaciones judiciales en el riesgo de derrumbe de las viviendas, puede ser inevitable, «pero lo que sí se puede y debe evitar es el drama que supone para las familias afectadas».

«Durante el mandato pasado, ante este tipo de situaciones el Cabildo reaccionó y de la mano de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias se arbitraron soluciones habitacionales, incluso derivando a familias a Fuerteventura» ha recordado la portavoz socialista.

Para la consejera, «el Cabildo y el Gobierno de Canarias no pueden mirar para otro lado ante un desalojo de esta envergadura y más cuando durante demasiados años la política de vivienda de Coalición Canaria fue sencillamente inexistente».

Ariagona González señalaba que «no se puede criminalizar a estas familias tachándolas de okupas, ni de aprovechadas cuando es materialmente imposible para cualquier persona trabajadora encontrar una vivienda en alquiler en la que vivir dignamente a un precio razonable».

Nueva Canarias habla de dejadez de funciones

También Nueva Canarias (NC) ha aprovechado para criticar la gestión del Cabildo de Lanzarote y del Gobierno de Canarias. El diputado de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) por las islas de Lanzarote y La Graciosa, Yoné Caraballo, expresó su descontento ante los desahucios a personas sin alternativa habitacional que se vienen llevando a cabo en Lanzarote.

Para el diputado canarista, los responsables de la situación actual en la que se encuentran los 75 adultos y 24 menores desahuciados de las viviendas de Playa Blanca tienen nombres y apellidos, “los gobiernos de CC y PP tanto en Canarias como en el Cabildo que no han hecho nada para que esta situación llegase al extremo de dormir en la calle”.

Desde NC-bc recalcan que esta situación era previsible desde octubre del 2023 cuando ya se tenía constancia del lanzamiento del desahucio a las familias

Desde NC-bc recalcan que esta situación era previsible desde octubre del 2023 cuando ya se tenía constancia del lanzamiento del desahucio a las familias pues con la colaboración del Ayuntamiento de Yaiza, "habían solicitado amparo de forma reiterada a la consejería de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote y al Gobierno de Canarias sin respuesta por parte de ambas instituciones".

Caraballo ve en la actitud de los gobiernos insular y autonómico “una clara dejación de funciones al no planificar una situación que irremediablemente se iba a dar. Ahora el consejero de Bienestar Social del Cabildo, Marciano Acuña, parchea con soluciones rápidas y unilaterales como ubicar a 7 menores y 15 adultos en el Aula de la Naturaleza de Máguez a sabiendas de que los niños están escolarizados y los padres trabajan en Playa Blanca”.

Y es que para NC-bc esta situación no es aislada, sino que deriva de la problemática en el acceso a la vivienda en Lanzarote. “No estamos hablando de familias sin trabajo o sin recursos económicos, estamos hablando de personas que trabajan en los hoteles o restaurantes de esta isla, pero en cambio no tienen vivienda”, recalca Caraballo, que ve en el acceso a este derecho el principal problema de la isla y que está afectando a todo tipo de personas con renta, edad y nacionalidades diversas.

Yaiza defiende su actuación

El Ayuntamiento de Yaiza ha defendido, a través de un comunicado, su actuación ante el desalojo de las familias en la localidad de Playa Blanca.

El gobierno municipal afirma que en el marco de sus competencias y atendiendo la petición de la Justicia y el deber de colaboración entre administraciones públicas, emitió un completo informe elaborado por el Área de Servicios Sociales de la Institución sobre la situación de las personas habitantes de 34 viviendas en construcción ocupadas sin autorización de sus legítimos propietarios localizadas en la calle Malvasía de Playa Blanca, informe este remitido antes del 3 de enero de 2024, la fecha prevista para el desalojo que finalmente se produjo por decisión judicial este martes 16 de enero, finalizando la diligencia sobre las 14:00 horas.

El departamento de Servicios Sociales del ayuntamiento de Yaiza constató desde el año pasado la ocupación de viviendas por parte de 99 personas, 75 adultos y 24 menores, de los cuales al menos 68 están en situación administrativa irregular.

El comunicado de Yaiza afirma que el escrito de la Justicia instaba al Ayuntamiento a adoptar las medidas oportunas que permitieran evitar situaciones de desprotección de aquellas personas especialmente vulnerables. Añade que como hecho "casi que común", los ocupantes de las viviendas carecen de estabilidad laboral debido principalmente a que están pendientes de culminar la tramitación de su residencia legal en España.

Tras contactos con el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote, el gobierno municipal de Yaiza, en cabeza del alcalde, Óscar Noda, y la concejala de Servicios Sociales, Karina Centeno, propuso alternativas para la reubicación de las familias más vulnerables, entre esas alternativas, las casas conocidas como las de Medio Ambiente de Yaiza, la residencia de la Escuela de Pesca situada en Arrecife, el albergue de La Santa y el albergue del Aula de la Naturaleza de Máguez, siendo este último inmueble el consensuado con el consejero de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, Marci Acuña, para una solución habitacional temporal a 22 personas a partir de este mismo martes.

El Ayuntamiento se comprometió a ofrecer el servicio de transporte para el traslado de las personas afectadas a Máguez y también el transporte diario de los menores escolarizados en el municipio de Yaiza para garantizar la continuidad de sus clases.

El informe municipal avisó en su momento de la presencia de familias vulnerables en hogares con niños y niñas, personas con discapacidad, cinco mujeres embarazadas, personas mayores e incluso un enfermo oncológico. Es más, ya existían solicitudes registradas en el Ayuntamiento por los propios afectados del lanzamiento pidiendo informe de vulnerabilidad.

El Ayuntamiento de Yaiza emitió un informe técnico exponiendo que los inmuebles no reunían las condiciones de habitabilidad, salubridad y seguridad de utilización, pero en ningún caso en riesgo de ruina o derrumbe

El Ayuntamiento también emitió un informe técnico exponiendo que los inmuebles no reunían las condiciones de habitabilidad, salubridad y seguridad de utilización, pero en ningún caso en riesgo de ruina o derrumbe como se ha publicado en medios de comunicación.

El gobierno municipal recuerda que las competencias en materia de Vivienda son de la Comunidad Autónoma de Canarias, así lo recoge la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias en su artículo 7. "Este hecho es indiscutible, así que el Ayuntamiento, por falta de competencias, tiene escaso margen de actuación en un asunto tan sensible como de difícil solución por la escasez de vivienda de alquiler y sus precios desorbitados en Lanzarote".

Para el ayuntamiento, hay factores determinantes que lastran la búsqueda de soluciones habitacionales inmediatas para las personas afectadas, "de hecho, el gobierno de Yaiza indagó entre grandes propietarios de viviendas para abordar el alquiler de inmuebles por la vía de emergencia y no fue posible, porque incluso hay personas desalojadas que aseguraron estar en capacidad de pagar un alquiler".

Por otro lado, el Ayuntamiento solicitó des octubre colaboración al Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) y también en octubre hizo lo propio con el Cabildo de Lanzarote, "en concreto, Yaiza pidió asistencia a la Primera Corporación insular para reubicar a las familias de forma provisional mientras dispusieran de otra alternativa de techo. El Instituto Canario de la Vivienda confirmó que dentro del programa Pro-hogar no contaba con alternativa habitacional alegando la falta de informes sociales de vulnerabilidad, que por supuesto fueron enviados. Yaiza remitió un informe adicional sobre cuatro familias concretas pedido por el ICAVI".

Añade que el Cabildo expuso en noviembre que valoraría el modo de intervenir, como podría ser el pago de alquileres, pero advirtiendo la dificultad porque la mayoría de personas que han solicitado informe de vulnerabilidad se encuentran en situación administrativa irregular, sin embargo, luego sí pidió información del número de familias con menores a su cargo y otras valoraciones socioeconómicas que el Ayuntamiento cumplió con enviar. Entre tanto, Yaiza también gestionó ayudas de alimentos y ayudas económicas, informes sociales de beca escolar e informes de derivación al Cabildo de Lanzarote y Cáritas.

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento, según el gobierno municipal, siempre han estado vigilantes ante la situación de las familias vulnerables para tender la mano dentro de las competencias municipales, subrayando que "la solución de reubicación de las familias por parte de la Justicia es una clara competencia del Gobierno de Canarias, por tanto, sin una delegación pertinente, Yaiza no puede actuar en materia de vivienda".

El Ayuntamiento señala que lo que sí ha hecho es cumplir con su obligación de informar, valorar, orientar, asesorar y hacer seguimiento a las personas afectadas por el desalojo y lanzamiento judicial de viviendas, atendiendo la debida colaboración con otras administraciones y las fuerzas y cuerpos de seguridad, que asimismo tienen la obligación de cumplir con el mandato de la Justicia.

Por último, Yaiza recuerda que ya cedió una parcela de 42.000 metros cuadrados al Instituto Canario de la Vivienda para la construcción de viviendas sociales en Playa Blanca. El Ayuntamiento espera que el ICAVI saque a concurso la redacción del proyecto para ejecutar las primeras 126 viviendas destinadas al mercado de alquiler social.

Además, el Ayuntamiento propuso al Gobierno de Canarias la compra de viviendas en una urbanización de Playa Blanca como medida rápida y efectiva para paliar un problema estructural de Canarias y el país acrecentado por la gran cantidad de inmuebles que forman parte del mercado vacacional.