El Gobierno del 'Pacto de las Flores' compró mascarillas a la empresa del ‘caso Koldo’

El anterior Gobierno de Canarias, presidido por Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, compró mascarilas a dedo, sin publicidad, por más de doce millones de euros a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, empresa que aparece en el epicentro del caso Koldo, la presunta trama de corrupción en la que un asesor del exministro José Luis Ábalos (Koldo García) ha sido detenido por la Guardia Civil, junto a otra veintena de personas, por supuesto cobro de sobornos en la compra de mascarillas. El objeto de los convenios entre el Ejecutivo regional y la compañía era la adquisición de estas mascarillas para hacer frente al coronavirus y se fraguaron durante el estado de alarma. La adjudicación de estos contratos se produjo en plena primera ola de la pandemia y antes del nombramiento de Blas Trujillo, cuando Julio Pérez ocupaba de forma accidental el cargo de consejero de Sanidad y Antonio Olivera –actual mano derecha de Torres en el Ministerio– ejercía como director del Servicio Canario de la Salud. Ahora, el actual Gobierno de Canarias ha abierto una investigación interna.

Los ministerios de Transportes y de Interior, además de las comunidades autónomas de Canarias y de Baleares, figuran entre los afectados de la presunta trama dedicada al cobro de comisiones por la compra de mascarillas durante la pandemia por la que ha sido detenido Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), en una investigación dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, ha detenido a 20 personas y practicado 26 registros o requerimientos en una operación desplegada por el supuesto cobro de comisiones de adjudicaciones fraudulentas de mascarillas en pandemia.

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Según han informado a Efe fuentes de la investigación, el exasesor del que fuera ministro de Transportes durante la pandemia habría realizado tareas de intermediación entre empresas y administraciones y, presuntamente, habría cobrado comisiones irregulares por ello. Tanto él como otros cuatro detenidos pasarán este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, han avanzado a EFE fuentes jurídicas.

Cuando uno de los lotes llegó al Archipiélago, se detectó que no cumplía con los estándares de calidad previstos inicialmente, por lo que no podían considerarse mascarillas con nivel de protección FFP2. Es decir, no brindaban el grado de protección necesario para garantizar que los profesionales de la sanidad pública pudieran desarrollar su trabajo con plenas garantías de protección ante el virus, en uno de los momentos más críticos de la pandemia. A raíz de esto, se realizó una modificación de contrato, ya que tras realizar varias pruebas por parte de empresas externas, esas 837.800 unidades se consideraban compatibles con usos tan solo de mascarillas quirúrgicas.

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La secretaria de Organización del PSOE canario, Nira Fierro, ha defendido la actuación del Ejecutivo de AVT y ha asegurado que los contratos fueron debidamente auditados.

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Por otro lado, la diputada del PP en el Congreso, Jimena Delgado, ha relacionado el caso con otras tramas corruptas, y el diputado regional de NC, Luis Campos, ha reclamado que si se comprueban los hechos, se aplique la ley con dureza.