Sobre el segundo ‘caso mascarillas’ del Gobierno Torres
EL ENFOQUE 22 FEBRERO
Durante la pandemia, el Gobierno de Canarias compró por el procedimiento de urgencia y sin publicidad, siete millones de euros de mascarillas y otros materiales sanitarios a una empresa de un colega de Koldo García Izaguirre, hombre de confianza del que fue ministro de Fomento primero y de Transportes después, José Luis Ábalos, misteriosamente cesado por Pedro Sánchez en sus puestos políticos y partidarios en la remodelación del Gobierno -y del PSOE- de julio de 2021. El asunto no tiene nada que ver con el primer ‘caso mascarillas’, cuando Sanidad se gastó cuatro millones de euros en tapabocas defectuosos, que fueron destruidos nada más estallar el escándalo. Esta es otra historia distinta, que se produce mediante la adjudicación de un negociado sin publicidad en mayo de 2020, poco después del cese de la consejera de Sanidad Teresa Cruz Oval, cuando Julio Pérez la sustituyó provisionalmente al frente del departamento, y Antonio Olivera era el responsable del Servicio Canario de Salud.
La compra se produjo a una empresa que se puso las botas durante la pandemia, vendiendo material sanitario chino a administraciones del PSOE. La empresa en cuestión, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, no tenía experiencia previa en la venta de material sanitario (su objeto social era el desarrollo y asesoramiento técnico materia de energía, agua e infraestructuras agrícolas), pero pasó de facturar cero euros a facturar cincuenta y cinco millones a los dos años de iniciada la pandemia. También es cierto –y curioso- que tras el cese de Ábalos, la empresa no volvió a cobrar un euro de dinero público. Preguntado por el asunto, Pedro Sánchez se ha desentendido, y ha vuelto a señalar al hermano de la presidenta Ayuso, por un caso que –dijo Sánchez- “no ha sido investigado ni recriminado”. Pero no es cierto: el caso de las mascarillas del hermanísimo fue archivado por la Fiscalía Anticorrupción en 2022 y por la Fiscalía Europea en 2023. El presidente del Gobierno no puede defenderse con falsos testimonios.