Sobre el tercer ‘caso mascarillas’

Mientras el ministro Torres se sacudía ayer cualquier responsabilidad en la compra de casi 13 millones de euros en mascarillas y otro utillaje sanitario a la empresa vinculada a Koldo García, los pormenores de la rápida y sorprendente compra de 23 millones más en material sanitario en la que intervino el presidente de la Unión Deportiva, comenzaba a arrojar nuevos y sorprendentes datos.

Por ejemplo, parece que esta fue la primera compra de material realizada durante la pandemia por el Gobierno, y que la decisión de comprar se produjo en forma rápida y fulminante: en apenas tres días. Incluso para una situación de emergencia es darse mucha prisa. El primer contrato se realizó sólo después de que Ramírez tomara el control de Tabaiba Capital, y se convirtiera en su administrador único. En realidad, la participación de Ramírez en la operación parece haber sido la de montar un entramado de empresas para cobrar una comisión por la venta de 23 millones, servida por Damco Trading Services y Tanoja Services. Ambas empresas vendieron test y tapabocas en 2020 y 2021 al Servicio Canario de Salud. La primera compra se produjo siendo el inevitable Antonio Olivera director del servicio.

Es probable que el escurridizo Ramírez tenga escapatoria: el delito que se le atribuye es fiscal, y aún no ha vencido el plazo para modificar su dotación de RIC y puede pagar el IRPF con recargo. Pero incluso si eso fuera factible, la broma va a costarle casi todo lo que ganó, y le lleva de nuevo a los tribunales.

En cuanto a la responsabilidad del Gobierno, de Olivera o de quien corresponda, es discutible: que un empresario no pague sus impuestos es problema suyo y de Hacienda. Pero resulta inevitable pensar que hay algo raro en una operación multimillonaria montada en apenas tres días, y cuyos protagonistas quisieron mantenerse en el anonimato. Los estadounidenses dicen que sólo hay dos cosas de las que uno no puede escapar: la muerte y los impuestos. Si te dedicas a la política y tienes que gestionar una morterada pública en época de sufrimiento y desesperación, otra cosa de la que es muy difícil escapar es del escrutinio público, de la sospecha de que en una operación de 15 millones que se cierra en tres días hay gato encerrado.